Según la fiscalía, en el 2016 la Gobernación de Santander adjudicó a la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Ltda., el suministro de alimentación para 124.892 estudiantes de 82 municipios del departamento, por más de $35 mil millones de pesos. Aunque el dinero fue desembolsado en su totalidad, las raciones alimentarias no llegaron a las instituciones educativas.
Adicionalmente se estableció que el operador presentó sobrecostos en los productos, incluyendo la compra de tamales por 30 millones de pesos a una empresa de grúas. El dinero recibido por concepto del contrato del PAE fue utilizado para adquirir bienes avaluados en más de 33 mil millones de pesos.
Los bienes a los que se les impuso las medidas cautelaras quedarán a cargo de la Sociedad de Activos Especiales.
La Fiscalía estableció que el operador presentó sobrecostos en los productos adquiridos en muchos casos con empresas ficticias o que tenían objetos comerciales muy diferentes, como el caso de los tamales que aparecen comprados a una empresa de grúas de Acacías, Meta, o la adquisición de postres provenientes de una asociación de padres de familia en Tarqui (Huila) que figuraba como inactiva.
Dentro del proceso fueron cobijados medida de aseguramiento varias personas, entre ellas el mismo Trujillo, esposo de la gobernadora del Huila Cielo González, y la entonces secretaria de educación de Santander Ana de Dios Tarazona.
