La Ley de financiamiento, con el que el Gobierno Nacional buscó solventar parte del presupuesto del 2019 y hacer cambios que considera necesarios en materia tributaria, fue tumbada este miércoles por la Corte Constitucional.
Tras analizar las demandas el alto tribunal consideró que es inconstitucional. La norma seguirá vigente lo que resta del 2019, es decir, hasta el 31 de diciembre y da espacio para que el Gobierno presente un plan B antes de finalizar el año, que empezaría a regir en el 2020.
Para quienes demandaron, el error más grave de la Ley es que cuando la Cámara la aprobó el 19 de diciembre no conocía las modificaciones que el Senado le había hecho al texto la noche anterior. Eso significa que, a juicio de los demandantes, se violaron reglas muy importantes para tramitar cualquier ley como la publicidad, pues los representantes “no sabían lo que estaban votando”.
Fuente: Portafolio
