Por petición de un fiscal especializado de Derechos Humanos, el Juez Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga condenó a cinco militares por la muerte de Gerardo Contreras Román, en hechos ocurridos el 17 de mayo de 2005, cuando lo presentaron como muerto en supuestas acciones militares.
Se trata del sargento Jorge Arley Sánchez Rojas y los soldados Abimael López Gómez, Wilson Javier Plata, René Alberto Prada y Jesús Rincón, quienes para la época de los hechos hacían parte del Batallón de Infantería No. 4 Antonio Ricaurte, ubicado en la capital santandereana.
Según el proceso investigativo, los uniformados fueron desplegados, junto a otros integrantes del referido Batallón, en la vereda Lebrijas del municipio Lebrija (Santander) con el objetivo de adelantar acciones estratégicas y militares contra los grupos armados que para la fecha delinquían en la zona: Farc (hoy desmovilizado), ELN y paramilitares.
El material probatorio recaudado permitió establecer como los militares, hoy condenados, arribaron a la casa de la víctima en la madrugada del 17 de mayo de 2005 y lo sacaron de allí. A las 5 de la mañana, familiares de Contreras Román encontraron su cuerpo sin vida con impactos de bala.
Al emitir la sentencia, el juez del caso consideró que a lo largo del proceso no fue posible concluir que la persona ultimada por los uniformados tuviera relación alguna con la guerrilla tal como se quiso presentar. “… existen abundantes medios de prueba que sí permiten colegir que era integrante de la población y que se dedicaba a las labores de la campo”, precisó el juez.
LAS CONDENAS
Según la determinación del Juez, el sargento Jorge Arley Sánchez Rojas fue condenado 35 años y 10 meses de prisión (430 meses de prisión) y al pago de 3600 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por el delito de homicidio en personas protegida.
Por su parte los soldados Abimael López Gómez, Wilson Javier Plata, René Alberto Prada y Jesús Rincón fueron condenados a 33 años y 4 meses de prisión (400 meses de prisión) cada uno; además del pago de 2800 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como responsables de la misma conducta.
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