Por orden de la Fiscalía General de la Nación, se le imputaron cargos a Jesús Alejandro Garzón, exfuncionario de la Procuraduría, quien le exigía 300 millones de pesos al exgobernador Richard Aguilar a cambio de modificar el sentido del fallo de un proceso que adelanta el órgano de control.
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Según la investigación, el exasesor tenía en su poder modificar una decisión disciplinaria contra el senador Aguilar y para ello le habría exigido, a través de terceros, la importante cantidad de dinero.
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A través de su abogado, el político santandereano realizó la respectiva denuncia que hoy privó de su libertad a Garzón, quien hasta el pasado 15 de enero, fungió como sustanciador en el despacho del Procurador.
