“La vigilancia y control de las fundaciones recae a la gobernación de Santander. La facultad legal la tiene el gobernador. Nosotros, como administración, hemos estado atendiendo las quejas de la comunidad. Es lamentable lo que está sucediendo”, fueron las enérgicas declaraciones de Melissa Franco, secretaria del Interior, haciendo un llamado a las autoridades departamentales a atender la situación actual de las fundaciones de rehabilitación.
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Ante la última emergencia ocasionada en un centro de rehabilitación de Bucaramanga, donde fallecieron dos internos y 14 más quedaron heridos, la alcaldía de la ciudad señaló que Santander tiene la facultad de ejercer funciones administrativas de inspección, vigilancia y control sobre estas entidades sin ánimo de lucro.
“Hago un llamado también a los padres de familia a que verifiquen a dónde dejan a sus hijos y en qué situaciones están. Hemos vistos en los operativos, que realiza la Administración, torturas, malos tratos y golpes”, agregó la funcionaria.
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En este último mes se presentó un homicidio al interior de una corporación de rehabilitación, ubicada en la carrera 21 con calle 41, y se selló otra en el Centro de la ciudad por no cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias.
La alcaldía informó que seguirá con diferentes operativos, atendiendo las solicitudes de las comunidades.
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