A 45 días de la expedición del Decreto Presidencial que ordenó la creación de una Zona de Ubicación Temporal para excombatientes del Estado Mayor de Bloques y Frentes —una disidencia de las antiguas Farc— en el Catatumbo, no se han registrado avances concretos en su implementación, denuncian líderes sociales y autoridades locales.
El decreto, anunciado por el Gobierno Nacional como parte de su estrategia para mitigar la crisis humanitaria, social y de seguridad en esta subregión del nororiente colombiano, fue interpretado como un ultimátum del presidente Gustavo Petro al Frente 33, una de las estructuras armadas ilegales con fuerte presencia en el territorio.
Sin embargo, desde la región persisten las dudas y la incertidumbre. Diógenes Quintero, representante de las curules de paz en el Congreso, expresó su preocupación ante la falta de información:
“No ha ocurrido nada. Ni siquiera conocemos el protocolo sobre el cual se llevaría a cabo esta zona de ubicación. Además, el jefe negociador del Gobierno con el Estado Mayor, el doctor González Posso, renunció recientemente, lo que agrava aún más el panorama”.
Seguridad sin mejoría
A la par del estancamiento institucional, la situación de orden público sigue deteriorándose. Jorge Bohórquez, personero de Ocaña, recordó que hace apenas un mes se registró una confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las Farc en el corregimiento Cerro de las Flores, en ese municipio.
“Ese enfrentamiento provocó el desplazamiento forzado de más de mil personas. La violencia no ha disminuido en lo absoluto”, afirmó.
La medida contemplaba que al menos 400 excombatientes de dicha disidencia se concentraran en esta zona como parte del proceso de diálogo con el Gobierno Nacional. Aunque la resolución otorga un plazo total de siete meses para la instalación oficial del área, el primer hito de 45 días se cumplió este lunes sin resultados visibles ni presencia estatal efectiva.
Fuentes del alto gobierno informaron que una delegación oficial, junto con representantes de la comunidad internacional, se reunirá este fin de semana en Paipa (Boyacá) con el objetivo de reactivar el proceso y definir acciones urgentes para su implementación.
