En una decisión que ha generado reacciones tanto de respaldo como de preocupación, el Congreso de El Salvador aprobó este jueves una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida y extiende la duración del mandato presidencial de cinco a seis años.

Con 57 votos a favor de los 60 escaños de la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialista partido Nuevas Ideas, la reforma modifica cinco artículos de la Constitución salvadoreña (75, 80, 133, 152 y 154), eliminando la prohibición de reelección inmediata y suprimiendo la segunda vuelta electoral. La medida consolida el poder del Ejecutivo y ha sido comparada por analistas internacionales con procesos autoritarios en América Latina.

La iniciativa fue presentada por la diputada Ana Figueroa, quien defendió la reforma asegurando: “Históricamente, la reelección ha sido permitida para alcaldes y diputados. Ahora, el pueblo salvadoreño decidirá cuánto tiempo apoya a su presidente”. Además, la modificación incluye una disposición transitoria que acorta el actual mandato del presidente Nayib Bukele, iniciado el 1 de junio de 2024, hasta el 1 de junio de 2027, con el objetivo de unificar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales. Esto permitiría a Bukele buscar una nueva reelección ese mismo año.

La oposición, encabezada por los partidos ARENA y Vamos, rechazó enérgicamente la aprobación de la reforma. La diputada Marcela Villatoro (ARENA) declaró: “Hoy ha muerto la democracia en El Salvador. Esta reforma, aprobada sin consulta, concentra el poder en una sola persona”.

Organismos nacionales e internacionales han expresado preocupación por la creciente concentración de poder en el Ejecutivo salvadoreño. Desde 2021, la Corte Suprema —también dominada por el oficialismo— avaló la reelección presidencial inmediata, reinterpretando la Constitución. Con el control casi absoluto del Congreso, la segunda ratificación necesaria en la próxima legislatura se anticipa como un simple trámite.

Bukele, quien mantiene altos niveles de popularidad tras una drástica reducción de los homicidios mediante un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, ha restado importancia a las críticas. En junio, declaró: “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”, calificando conceptos como democracia y derechos humanos de “herramientas para mantenernos sometidos”.

El mismo día de la aprobación de la reforma, el Congreso también debatía la 41ª prórroga del régimen de excepción, que ha permitido más de 80.000 detenciones, pero ha sido cuestionado por organizaciones defensoras de derechos humanos por sus efectos sobre las libertades civiles.