En varias poblaciones del Magdalena, los habitantes viven bajo el control territorial de grupos armados ilegales que no solo imponen normas de convivencia, sino que también ejecutan castigos extrajudiciales. En los últimos días, videos difundidos en redes sociales por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) volvieron a encender las alarmas sobre el poder que ejercen estas estructuras en la región.
Las grabaciones muestran a presuntos delincuentes siendo obligados a pedir perdón frente a cámaras. En algunos casos, se trata de cobradores de préstamos “gota a gota” que habrían abusado de su posición, y en otros, de jóvenes acusados de vender estupefacientes o de agredir a mujeres.
En los videos, los señalados aparecen rapados, amarrados o sosteniendo carteles que describen el supuesto motivo de su “castigo”. Entre las escenas más comentadas está la de un joven que reconoce haber vendido drogas en espacios públicos y asegura que, como parte de su sanción, deberá realizar labores comunitarias: “Aquí estoy para cambiar mi vida, porque estaba haciendo daño en sitios públicos. Me toca hacer una obra social y pintar los parques”, dice ante la cámara.
Otro de los registros muestra a un hombre llorando, quien admite haber golpeado mujeres y agradece al grupo por perdonarle la vida. En otra grabación, un individuo afirma: “Es el primer llamado que me hacen; al segundo me ponen a conocer el río”, en alusión a una amenaza de muerte en caso de reincidir.
Autoridad paralela
El patrón de actuación exhibido en estos videos revela un fenómeno que no sorprende a las comunidades: la sustitución de la justicia formal por la “justicia” impuesta por grupos armados. En los comentarios en redes sociales, habitantes de la región reconocen abiertamente que las autodefensas ejercen control social y castigan comportamientos indebidos, incluso aquellos que no afectan directamente sus actividades criminales.
Silencio oficial
Aunque los castigos documentados suponen delitos según el Código Penal colombiano, hasta el momento no ha habido pronunciamientos oficiales de las autoridades en el Magdalena frente a estos hechos. La ausencia de control estatal y la percepción de impunidad refuerzan el dominio de estructuras armadas que operan como jueces, verdugos y reguladores de la vida cotidiana en varias zonas del departamento.
Este caso se suma a una larga lista de denuncias que muestran cómo los grupos paramilitares y pandillas han consolidado su poder territorial, imponiendo reglas y castigando a quienes transgreden sus normas, en un contexto de débil presencia institucional.
