El Juzgado 64 Administrativo de Bogotá admitió una demanda de reparación directa interpuesta por la familia del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado el 10 de mayo de 2022 en las playas de Barú, Cartagena. El recurso judicial va dirigido contra el Estado colombiano, representado por el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y contra la cadena hotelera Decameron, donde se hospedaba el funcionario al momento del ataque.

La familia del fiscal —su viuda, hijo, padres, hermanos y sobrinos— reclama una indemnización superior a los $2.000 millones de pesos, por perjuicios morales, materiales, inmateriales y lucro cesante. En la acción legal se argumenta que tanto el Estado como el hotel incurrieron en omisiones graves que facilitaron el atentado ejecutado por sicarios colombianos.

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Según el documento presentado, la Policía Nacional habría fallado en su deber de prevención, pese a que la planeación del crimen se habría iniciado días antes del ataque.

“Se evidencia que solo desplegó sus fuerzas después de la comisión del delito (…). La Policía no tomó medidas preventivas en ningún momento, a pesar de la posición de riesgo permanente del fiscal Pecci por su lucha contra el crimen organizado”, señala la demanda.

En el caso del hotel, la familia sostiene que no se adoptaron las medidas de seguridad necesarias para proteger a un huésped de alto perfil, aun cuando las condiciones del lugar lo hacían vulnerable.

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Aunque el asesinato ocurrió hace más de dos años, la acción legal fue presentada dentro del plazo permitido, ya que el término de caducidad se suspendió tras una conciliación extrajudicial fallida ante la Procuraduría General de la Nación en mayo de 2024.

Para los demandantes, el homicidio del fiscal Pecci constituye un “daño antijurídico”, al vulnerar el derecho fundamental a la vida consagrado en la Constitución.

“El hecho dañino recayó en la muerte violenta del señor Marcelo Daniel Pecci Albertini, lo que ocasionó una lesión definitiva al bien jurídico protegido: la vida”, indica el texto.