El Frente de Guerra Oriental “Comandante en Jefe Manuel Vásquez Castaño” del ELN informó que someterá a un proceso interno de “juicio revolucionario” a cuatro funcionarios del Estado colombiano, dos investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y dos uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional de Colombia que se encuentran secuestrados en el departamento de Arauca.

Los funcionarios secuestrados son:

• Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del CTI.
• Yordin Fabián Pérez Mendoza (patrullero) y Franki Esley Hoyos Murcia (subintendente), ambos de la DIJIN.
  Los primeros fueron retenidos desde el 8 de mayo de 2025 en el municipio de Fortul (Arauca), y los segundos desde el 20 de julio del mismo año en la vía que conecta Tame y Arauca.

¿Qué busca el ELN?

Según un comunicado difundido por la guerrilla, el “juicio revolucionario” constituye una alternativa que han decidido aplicar al fracasar las negociaciones de canje de prisioneros con el Gobierno y la Fiscalía. “Hemos propuesto un canje de prisioneros, pero ante la falta de respuesta, resolvimos que los agentes pasarán a juicio revolucionario donde podrán recibir penas de prisión de 3 a 7 años”, sostuvo el grupo armado.
Asimismo, el ELN argumenta que su “Código de Guerra” regula este tipo de procedimientos internos y que los secuestrados tendrán derecho a recibir y enviar correspondencia familiar, como parte de lo que califican de “justicia diferenciada” frente al régimen colombiano que, según ellos, aplica una “justicia brutal y punitiva”.

Reacción de las autoridades

La Fiscalía General de la Nación rechazó el anuncio del grupo guerrillero y exigió la liberación inmediata e incondicional de sus funcionarios. A través de un comunicado, el organismo aseveró que es “inadmisible” condicionar la libertad de los servidores públicos a un canje o a un proceso de justicia manejado por un grupo armado.

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Por su parte, la Policía Nacional también cuestionó la legalidad del proceso anunciado y afirmó que las normas nacionales e internacionales de derechos humanos no reconocen “juicios” llevados a cabo por un grupo insurgente.

Contexto y consecuencias

La decisión del ELN ocurre en un momento crítico del proceso de paz y negociación con el Gobierno colombiano, justo cuando los secuestros y otros actos de violencia en regiones como Arauca han sido foco de atención nacional. El anuncio introduce un nuevo elemento de tensión: la guerrilla pretende transformar lo que es considerado un delito grave (secuestro de funcionarios del Estado) en un procedimiento interno propio, lo cual preocupa por sus implicaciones en el respeto al Estado de derecho, a los derechos humanos y al reconocimiento internacional del conflicto armado. El ELN aseguró que informará públicamente los resultados del juicio revolucionario y mantiene “disposición” al diálogo humanitario para la liberación de los secuestrados.
Las autoridades del Gobierno, la Fiscalía y la Policía Nacional se encuentran en fase de evaluación de las opciones para la liberación de los agentes y la reanudación de gestiones humanitarias, al tiempo que mantienen activas investigaciones para determinar responsabilidades penales contra los secuestradores.