La Corte Constitucional dio luz verde a la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, una nueva instancia judicial especializada en resolver los conflictos relacionados con la tierra en el país.
El alto tribunal publicó este martes la Sentencia C-340 de 2025, en la que declaró exequible la mayor parte del Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 Senado – 360 de 2024 Cámara, aprobado por el Congreso de la República en junio del año pasado.
Con esta decisión, la Corte despeja el camino para la sanción presidencial de la ley estatutaria, paso clave que acerca la puesta en marcha de esta jurisdicción, uno de los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz.
Una decisión histórica
La Corte Constitucional consideró que la nueva jurisdicción cumple con los requisitos constitucionales y con el mandato del Acto Legislativo 03 de 2023, que ordenó su creación.
El tribunal declaró inconstitucionales los artículos 4 y 5 del proyecto por violar el principio de unidad de materia, y condicionó la exequibilidad de los artículos 3 y 8, estableciendo ajustes relevantes:
- Los concursos para jueces y magistrados deberán incluir conocimientos sobre derechos del campesinado y enfoques diferencial, territorial, étnico y de género.
- El Consejo Superior de la Judicatura deberá garantizar igualdad de oportunidades para mujeres, comunidades campesinas, étnicas y víctimas del conflicto armado.
Un paso hacia la justicia rural
En su fallo, la Corte recordó que la Jurisdicción Agraria y Rural responde a la necesidad de mecanismos eficaces para resolver conflictos sobre la tierra, una de las principales causas históricas de la desigualdad y la violencia en el país.
También destacó la importancia de acercar el Estado al campo, reconociendo al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y garantizando una justicia accesible, especializada y con enfoque territorial.
Lo que viene
La Corte hizo un llamado al Congreso de la República para culminar el proceso legislativo iniciado en 2022, mediante la aprobación de la ley ordinaria que definirá las competencias, procedimientos y estructura operativa de esta jurisdicción.
Una vez entre en funcionamiento, la Jurisdicción Agraria y Rural será la encargada de resolver disputas sobre propiedad, uso y tenencia de la tierra, fortaleciendo la seguridad jurídica y la equidad en el campo colombiano.
