Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco ya fueron asignados a centros de reclusión, luego de que la justicia ordenara medida de aseguramiento en su contra por el escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y al Instituto Nacional de Vías (Invías).

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los exfuncionarios habrían participado en el desvío de recursos públicos con el fin de obtener apoyos políticos de congresistas para garantizar la aprobación de reformas y proyectos del Gobierno. La decisión judicial se produjo el pasado 18 de diciembre, cuando un tribunal determinó su envío a centros carcelarios.

En el caso de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, se conoció que permanecerá recluido en la Escuela de Postgrados de Policía ‘Miguel Antonio Lleras Pizarro’, un lugar que cuenta con casas fiscales y que anteriormente ha albergado a altos funcionarios del Estado. Allí también se encuentra actualmente el general en retiro Rodolfo Palomino.

La situación de Bonilla generó pronunciamientos desde el Gobierno nacional, luego de que su defensa alegara problemas de salud, entre ellos un cuadro de isquemia y una reciente estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sobre esto, el presidente Gustavo Petro manifestó a través de su cuenta de X que el exministro tiene 76 años y que “jamás ha tenido un solo inconveniente con la justicia”.

Por su parte, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, quedó a disposición de la Escuela de Carabineros de Cali, donde cumplirá la medida de aseguramiento mientras avanza el proceso judicial.

Según el expediente, dentro del material probatorio figuran al menos 74 proyectos del Invías, cuyo valor asciende a cerca de 571.000 millones de pesos, además de otros contratos de la UNGRD por más de 40.000 millones de pesos.

Aunque inicialmente la Fiscalía contempló la posibilidad de una detención domiciliaria, la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá ordenó reclusión en centro carcelario. En su decisión, señaló que la medida no responde a un riesgo de fuga, sino a la necesidad de evitar la rearticulación de esquemas de corrupción, el direccionamiento contractual y la interferencia en las relaciones propias de este tipo de estructuras delictivas.

El proceso contra los exministros continúa en etapa judicial, mientras se esclarecen las responsabilidades en uno de los casos de corrupción más sonados de los últimos meses en el país.