La violencia en la región del Catatumbo completa casi un año sin tregua. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales continúan afectando de manera directa a la población civil, que sigue pagando las consecuencias de una guerra que no da señales de detenerse.

En las últimas horas, al menos 250 personas fueron desplazadas de sus hogares tras nuevos choques armados entre guerrillas en zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander. Esto ocurrió pese a que, semanas atrás, los grupos armados habían anunciado un supuesto cese al fuego durante la temporada navideña. Sin embargo, el miedo volvió a instalarse en las comunidades campesinas.

Desde el 16 de enero de 2025, la intensificación del conflicto ha provocado la separación de familias, la destrucción de viviendas y el desplazamiento forzado de miles de personas, que quedan atrapadas en medio de una confrontación armada que se repite desde hace décadas en esta región del país.

El Catatumbo, conformado por municipios como Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una zona estratégica por su ubicación y riqueza natural, pero también una de las más golpeadas por la pobreza, el abandono estatal y la presencia histórica de economías ilegales.

Actualmente, más de 6.000 familias permanecen en riesgo en medio de esta crisis. Frente a esta situación, la vicepresidenta Francia Márquez hizo un llamado público a los grupos armados a respetar “la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades del Catatumbo”, y señaló la urgencia de garantizar condiciones de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las personas en sus tierras.

Un conflicto que completa un año de escalada armada

El punto más crítico de esta confrontación se registró el 16 de enero de 2025, cuando presuntamente el ELN declaró la guerra al Frente 33 de las disidencias de las FARC, en una disputa por el control territorial y de las economías ilícitas presentes en la región.

Esta escalada se produjo tras un ataque ocurrido un día antes en zona rural de Tibú, donde fueron asesinados Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su hijo de nueve meses, en presencia de otro menor de edad. El ELN atribuyó este hecho al Frente 33 y, como respuesta, lanzó una ofensiva armada coordinada en municipios como Teorama, Convención, San Calixto y Hacarí.

Desde entonces, los enfrentamientos han dejado cerca de un centenar de personas muertas y el desplazamiento forzado de miles de campesinos, muchos de los cuales no han podido regresar a sus tierras debido a la persistencia de la violencia. Todo esto ha ocurrido pese a que los grupos armados anunciaron treguas temporales, limitadas únicamente a las fuerzas de seguridad del Estado, sin garantías para la población civil.

Un territorio marcado por el conflicto armado

El Catatumbo, ubicado en el nororiente de Colombia y limítrofe con Venezuela, abarca municipios de Norte de Santander y parte del sur del Cesar. Históricamente ha sido escenario de confrontaciones armadas y presencia de múltiples actores ilegales, entre ellos el ELN, el EPL, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y estructuras disidentes de las antiguas FARC-EP.

La región cuenta con al menos 43.000 hectáreas de cultivos de coca, lo que la convierte en uno de los territorios más impactados por economías ilícitas. Esta realidad ha alimentado la disputa armada y ha generado graves afectaciones a personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, incluidos firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales y comunidades campesinas.

Organismos humanitarios han documentado violaciones a principios fundamentales del DIH, como la distinción entre combatientes y civiles, la legalidad, la humanidad y la precaución en las hostilidades.

Una de las crisis humanitarias más graves del país

La emergencia humanitaria desatada desde enero de 2025 es considerada una de las más graves registradas en Colombia en las últimas tres décadas. Hasta el 28 de abril de 2025, la violencia había cobrado la vida de al menos 117 personas, incluidos menores de edad y firmantes del Acuerdo de Paz.

Entre el 16 de enero y esa fecha, se registraron 64.783 personas desplazadas, más de 16.600 confinadas y un patrón sostenido de movilidad humana forzada. Solo entre el 16 y el 20 de enero, más de 11.000 personas huyeron de sus hogares, principalmente hacia Ocaña y Cúcuta, ciudades que vieron superadas sus capacidades de atención.

La crisis también impactó el sector educativo: más de 500 docentes fueron desplazados, se modificaron calendarios académicos y numerosos centros educativos rurales quedaron sin cobertura.

Desplazados sin protección y consecuencias invisibles

Detrás de las cifras hay historias de desarraigo. Familias que pasaron de vivir en sus fincas y comunidades a refugiarse en coliseos, albergues temporales o dormir en colchonetas, enfrentando la incertidumbre de no saber cuándo podrán regresar. Este desplazamiento masivo ha sido catalogado como el mayor registrado en Colombia en los últimos 28 años.

Más de 20.000 niños, niñas y adolescentes han sido desplazados desde finales de enero de 2025, mientras otros 11.000 permanecen confinados. El impacto en la niñez es profundo: interrupción de procesos educativos, riesgos de separación familiar, mayor exposición a violencia, abuso sexual, reclutamiento forzado y enfermedades asociadas a la falta de agua potable, saneamiento y atención en salud.

A estas afectaciones se suman graves consecuencias psicológicas. Autoridades y organizaciones han identificado casos de deterioro de la salud mental, ideación suicida y altos niveles de estrés y ansiedad en niños y adultos, una dimensión del conflicto que suele quedar invisibilizada y sin atención suficiente.

Un año después, las víctimas siguen esperando

Cuando se acerca el primer aniversario del inicio de esta escalada armada, la situación en el Catatumbo sigue sin una solución estructural. Mientras la violencia se normaliza, los desplazados y las comunidades afectadas continúan esperando respuestas efectivas, garantías de seguridad y políticas que prioricen su protección. La guerra avanza, pero las víctimas permanecen en el olvido.