Con preocupación, un diario local advirtió que el ambiente político en Bucaramanga comenzó a “agitarse” a pocos días de las elecciones presidenciales previstas para este domingo 31 de mayo, luego de la polémica generada por el uso de una camioneta oficial asignada a una concejal de la ciudad durante un evento de proselitismo político.
La situación abrió nuevamente el debate sobre los límites de la participación política y el uso de recursos oficiales en medio de una coyuntura nacional marcada por la polarización y las denuncias de intervención en política.
El papel de los medios y la responsabilidad democrática
“Ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre”, señala el viejo adagio popular que hoy cobra vigencia frente al cubrimiento periodístico del escenario electoral.
En ese contexto, surge el llamado a que los medios de comunicación y los periodistas mantengan la responsabilidad de orientar e informar con equilibrio, contribuyendo a la serenidad del debate democrático y evitando profundizar innecesariamente las divisiones políticas.
¿Quiénes pueden hacer política?
La Constitución y la ley colombiana prohíben expresamente la participación en política de funcionarios como gobernadores, alcaldes e incluso del Presidente de la República, quien actualmente enfrenta cuestionamientos por presunta intervención política.
Sin embargo, el panorama jurídico es distinto para quienes fueron elegidos mediante voto popular para corporaciones públicas como el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales.
Congresistas, diputados y concejales sí tienen permitido participar activamente en política, debido a que esta actividad hace parte de la naturaleza de su función pública y de representación ciudadana.
Uso de vehículos oficiales y esquemas de seguridad
Otro de los puntos que ha generado discusión es el uso de vehículos oficiales asignados a algunos dignatarios.
Según distintos sectores, cuando estos esquemas son entregados por razones de seguridad, representación o protección, resulta lógico que acompañen a los funcionarios en diferentes escenarios de su actividad pública, especialmente en aquellos donde existe una mayor exposición pública o riesgos para su integridad.
La controversia se centra entonces en determinar si el uso de estos recursos durante actividades políticas constituye una irregularidad o si hace parte de las condiciones propias de seguridad asignadas al funcionario.
