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Una decisión del nuevo Gobierno abrió una fuerte discusión entre empresarios y trabajadores en Colombia. El Ministerio del Trabajo, bajo la administración del presidente Abelardo De La Espriella, derogó 11 circulares expedidas durante el Gobierno de Gustavo Petro relacionadas con asuntos como jornada laboral, estabilidad reforzada, trabajo doméstico, libertad sindical, horas extras y protección de trabajadores con discapacidad.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 2708 de 2026. El Ministerio, dirigido por Natalia López, explicó que la decisión surgió después de una revisión jurídica que encontró documentos que habían perdido vigencia, requerían ajustes o contenían disposiciones que, según la cartera, no correspondían al alcance jurídico de una circular administrativa.
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Gobierno asegura que los derechos siguen
El Ministerio fue enfático en señalar que la eliminación de las circulares no significa quitar derechos laborales. Según la cartera, las garantías de los trabajadores permanecen respaldadas por las leyes y demás normas vigentes.
Entre los temas involucrados aparecen la jornada laboral, horas extras, trabajo doméstico, estabilidad laboral reforzada, equidad de género, libertad sindical, negociación colectiva, debido proceso disciplinario y modalidades de contratación. También había lineamientos relacionados con trabajadores de plataformas digitales y autorizaciones de despido de personas con discapacidad o determinadas condiciones de salud.
El Gobierno sostiene que busca dar mayor claridad y seguridad jurídica y diferenciar cuáles disposiciones son obligatorias, cuáles corresponden a procedimientos internos y cuáles simplemente tienen una función orientadora.
Además, aseguró que los trámites que actualmente adelanta el Ministerio no serán suspendidos y deberán continuar bajo las normas vigentes y respetando el debido proceso.
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Sindicatos hablan de un retroceso
La decisión provocó una reacción inmediata de las centrales obreras. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), lanzó una fuerte advertencia al señalar que “empezó el desmonte de los derechos laborales en Colombia”.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación entre los sindicatos es la eliminación de la Circular 0049 de 2026, relacionada con el trámite para autorizar la terminación del vínculo laboral de personas con estabilidad reforzada por discapacidad. Según las organizaciones sindicales, ese instrumento había sido expedido en cumplimiento de una orden judicial.
La CUT y otras centrales sostienen que una depuración administrativa no debería convertirse en una reducción de las herramientas destinadas a proteger a los trabajadores más vulnerables. Por eso pidieron que, si estos lineamientos van a ser sustituidos, primero se establezcan mecanismos claros que garanticen su protección.
Las organizaciones sindicales también solicitaron al Ministerio convocar un espacio de diálogo social para explicar cómo se aplicarán en adelante las garantías contempladas en la reforma laboral y en otras normas.
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Fenalco respalda la decisión
Desde el sector empresarial la lectura es completamente diferente. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, respaldó la decisión y aseguró que varias de las circulares derogadas imponían obligaciones y procedimientos a los empleadores sin suficiente sustento legal o jerarquía normativa.
Para Fenalco, la Resolución 2708 representa un paso hacia una mayor seguridad jurídica y puede contribuir a recuperar la confianza del empresariado. Cabal incluso sostuvo que las circulares funcionaban, en la práctica, como una especie de reforma laboral implementada mediante disposiciones administrativas.
La controversia queda así planteada entre dos posiciones. Mientras el Gobierno insiste en que ningún derecho laboral fue eliminado y Fenalco celebra la medida como una corrección jurídica, las centrales sindicales advierten que retirar simultáneamente estos lineamientos podría debilitar la aplicación práctica de algunas protecciones.
La derogación de las 11 circulares laborales heredadas del Gobierno Petro se convierte así en una de las primeras decisiones laborales de alto impacto de la administración De La Espriella y anticipa un debate que podría crecer: hasta dónde llega una depuración normativa y desde qué punto puede convertirse en un retroceso para los trabajadores.
