El Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) enfrenta una de las mutaciones más peligrosas en su historial de orden público: el uso sistemático de niños, niñas y adolescentes como brazo ejecutor de homicidios selectivos. La instrumentalización de menores de edad por parte de poderosas bandas criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes ya no es una problemática exclusiva de los suburbios rurales, sino una realidad urbana que desangra a comunas enteras en la capital santandereana, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Las alertas emitidas por la administración local, la Policía Metropolitana y los observatorios de seguridad confirman que los menores pasaron de cumplir roles secundarios (como vigías o cobradores de extorsión) a convertirse en los autores materiales de homicidios por encargo.

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Las cifras de un flagelo en ascenso

La radiografía estadística presentada por las autoridades locales evidencia la magnitud de la crisis. De acuerdo con datos consolidados de la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía del departamento, la captación de jóvenes ha dejado registros críticos:

• Casos bajo la lupa: En un solo año se identificaron 281 casos de instrumentalización de niños y adolescentes en la capital de Santander.
• Aprehensiones constantes: Los operativos de la fuerza pública derivan frecuentemente en decenas de aprehensiones de menores involucrados directamente en líneas de sicariato y microtráfico.
• Aumento del sicariato urbano: Corporaciones y observatorios del departamento alertaron un incremento cercano al 20% en los casos de sicariato general en el AMB. Zonas residenciales donde no era común esta modalidad de violencia, como el sector de Provenza, el Centro, La Cumbre (Floridablanca) y el barrio Girardot, hoy son escenario de disputas criminales.
• Perfil de la delincuencia juvenil: Los reportes históricos e investigaciones del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) detallan que los adolescentes de 17 años representan el grupo etario con mayor vulnerabilidad frente a las captaciones (35%), y aunque los hombres siguen sumando la mayoría de los registros (88%), la participación de mujeres jóvenes en delitos de alto impacto ha mostrado curvas ascendentes en los últimos años.

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Causas: ¿Por qué las bandas reclutan menores?

El arraigo de la delincuencia juvenil en Santander responde a una combinación de incentivos perversos creados por los cabecillas de las mafias y fallas estructurales del entorno social:

1. Escudo legal e inimputabilidad: Bajo el Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia, los menores de 18 años no se enfrentan al código penal ordinario. Las redes criminales aprovechan este marco legal diferenciado para utilizarlos como «escudos», puesto que las sanciones en centros de internamiento especializado son considerablemente menores que las penas de prisión de los adultos.
2. Vulnerabilidad socioeconómica y deserción escolar: La pobreza monetaria, las dinámicas de violencia intrafamiliar y la alarmante tasa de deserción en la educación secundaria dejan a los jóvenes desprotegidos. Las redes de microtráfico operan en los barrios ofreciendo falsas promesas de dinero rápido, estatus y pertenencia.
3. Disputas por microtráfico y control territorial: La guerra por el dominio de las «ollas» y expendios de droga sintética y tradicional en las comunas del norte y sur del AMB exige a los grupos delincuenciales una renovación constante de su «mano de obra», recurriendo a los menores como piezas reemplazables y de bajo costo operativo.

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Consecuencias destructivas para la sociedad

Los efectos a mediano y largo plazo de este fenómeno no solo destruyen el tejido familiar de las víctimas directas, sino que hipotecan el futuro social de Santander:

• Pérdida de vidas y proyectos de juventud: Los adolescentes vinculados al sicariato terminan inexorablemente en dos vías: muertos prematuramente en intercambios de disparos o ajustes de cuentas, o recluidos en el Centro Especializado Hogar Claret, interrumpiendo por completo su desarrollo civil.
• Reincidencia criminal arraigada: Los análisis de reincidencia en el SRPA indican que cerca del 27.6% de los menores que ingresan al sistema judicial vuelven a delinquir, transformándose con los años en los próximos líderes de las estructuras criminales de la región.
• Degradación de la seguridad ciudadana: El temor colectivo se ha disparado en el Área Metropolitana de Bucaramanga debido a la crueldad e inexperiencia con la que operan estos sicarios infantiles, quienes ejecutan atentados a plena luz del día, en zonas comerciales o parques infantiles, elevando las tasas de fronteras invisibles y extorsiones.

Para contrarrestar este escenario, el Código Penal Colombiano estipula en su artículo 188D penas que van desde los 10 hasta los 20 años de cárcel para los adultos a quienes se les compruebe la instrumentalización de un menor, un delito autónomo que se imputa de forma severa sin importar si el adolescente accedió a participar voluntariamente en el acto delictivo.