La Fiscalía General de la Nación develó un modelo ilegal y sistemático de salida y entrada de oro, en el que correos humanos viajaban entre Colombia y Panamá con el metal precioso mimetizado en accesorios o camuflado con la complicidad de funcionarios aeroportuarios.
En tres años de investigaciones se estableció que una organización criminal, conformada en su mayoría por joyeros y personas conocedoras del mercado, habría movido desde los aeropuertos de Bogotá, Barranquilla, Palmira y Bucaramanga, algo más de 19 mil millones de pesos en lingotes de oro puro colombiano hacía la ciudad de Colón, en Panamá.
El tráfico ilegal del oro
Los elementos recopilados dan cuenta de que mineros ilegales y dueños de fundidoras en Antioquia, Santander y la región del Magdalena Medio vendían directamente el oro en lingotes a tres de los denominados articuladores del tráfico ilegal. Estas personas se encargaban de contactar a los correos humanos, que eran las mismas personas, conocedoras del negocio ilícito y con registros de 10, 20 y hasta 30 movimientos migratorios a Panamá.
Una de las maneras de transportar el oro era:
- Los viajeros llegaban a los aeropuertos de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga y Palmira, y entregaban los lingotes a funcionarios que tenían libre acceso por las terminales. Los servidores que cumplían funciones en aduanas, migración o seguridad cruzaban por los diferentes filtros sin generar sospecha y entregaban el metal a los correos humanos en las salas de abordaje, antes de ingresar a los aviones.
Cada funcionario recibía entre 2 y 4 millones pesos por facilitar el paso del oro, la cifra variaba según la cantidad y, al final del ‘encargo’, se debía tomar una fotografía (selfie) con el correo humano y enviarla a los cabecillas de la estructura para recibir la aprobación del pago.
Captura y judicialización
En Bucaramanga fueron detenidos tres de los señalados articuladores de la estructura: Fernando Villamizar Parada, su esposa Verenice Cáceres Borrero, y Frantz Ramírez Jones.
Extinción de dominio
Paralelamente al proceso penal que permitió identificar y golpear a la estructura criminal señalada de tráfico ilegal de oro, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio rastreó el patrimonio de los presuntos integrantes de la red e impuso medidas cautelares de secuestro, embargo y suspensión del poder dispositivo sobre 70 bienes que serían producto de la actividad ilícita y cuyo valor alcanzaría los 60 mil millones de pesos.
Las diligencias de ocupación se cumplieron simultáneamente en ciudades de la Costa Atlántica, Bogotá, Santander y Cali. En total fueron afectados 24 inmuebles, 5 sociedades, 11 establecimientos de comercio y 30 vehículos.
Algunos de estos inmuebles son una casa quinta en Cali (Valle del Cauca), fincas y casas lote en Lebrija, Los Santos, Piedecuesta y Bucaramanga, así como un apartamento en Barranquilla (Atlántico).
Fuente: Fiscalía General de la Nación
