La decisión del Tribunal Administrativo de Santander de anular parcialmente la prohibición del consumo de drogas en parques, plazoletas y entornos de instituciones educativas de Bucaramanga ha desatado una ola de rechazo entre la ciudadanía.

El fallo ordena a la Alcaldía fijar horarios específicos para restringir el consumo, en lugar de mantener la prohibición total, al considerar que esta desconocía el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, para muchos bumangueses la medida representa un retroceso en la defensa de los espacios públicos y un riesgo para la seguridad de las familias.

La molestia se siente especialmente entre los padres de familia, quienes afirman que la sola posibilidad de ver a alguien consumiendo drogas en un parque ya genera temor y rechazo. “Uno lleva a los hijos al parque a jugar, no a ver personas drogándose o a respirar humo de marihuana”, expresó una madre. Otro padre agregó: “Los parques deben ser zonas de encuentro familiar, no lugares de consumo”.

Estos testimonios reflejan la preocupación compartida de que la decisión judicial abre la puerta a la pérdida de control en espacios comunitarios que deberían estar dedicados al esparcimiento familiar. Para los ciudadanos, el fallo parece priorizar los derechos de quienes consumen sobre el derecho de los niños y familias a tener espacios seguros. “Ni en los parques ni en ningún lado”, resumió con contundencia otro vecino.

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Aunque el Tribunal argumenta que la prohibición absoluta era “desproporcionada y contraria a la jurisprudencia constitucional”, y que la Alcaldía deberá diseñar un nuevo esquema con horarios y condiciones específicas, la percepción en las calles es otra: la de un retroceso que afecta la vida diaria de las comunidades.

Expertos en derecho señalan que el reto será definir franjas claras que no se interpreten como un permiso abierto para consumir en los parques. Sin embargo, para los bumangueses indignados, más allá de la letra de la ley, lo que está en juego es la tranquilidad de sus barrios y el derecho de sus hijos a jugar en un entorno limpio y seguro.

Lo que se vive en Bucaramanga refleja que este no es solo un debate jurídico, sino cultural. La ciudadanía siente que la decisión judicial ignora la realidad de los parques, donde conviven familias, adultos mayores y niños que ahora temen perder espacios de esparcimiento frente al consumo de drogas. “Queremos parques limpios, seguros y respetados. No lugares donde la ley diga que está permitido drogarse”, expresó un líder comunal. La indignación ciudadana deja claro que, más allá de los tribunales, Bucaramanga enfrenta una batalla por preservar sus parques como espacios familiares y libres de drogas.