La tensión y la angustia se apoderaron del sector de La Isla en Bucaramanga, luego de un sorpresivo operativo de desalojo que dejó en la incertidumbre a cerca de 15 familias que dependen económicamente de su trabajo en la zona. Hacia las 3:00 de la madrugada de este jueves, en medio de la oscuridad y sin previo aviso, unidades de Espacio Público de la Alcaldía y del UNDMO de la Policía Metropolitana irrumpieron en el lugar para ejecutar una orden judicial que contemplaba la demolición de tres casetas que ocupaban irregularmente los andenes de la carrera 17C, entre calles 54 y 55, muy cerca de Sanandresito La Isla. El procedimiento, según la administración, buscaba recuperar el espacio peatonal.

El procedimiento desató momentos de profundo drama entre los afectados, quienes aseguran que la medida se ejecutó de forma arbitraria y sin permitirles rescatar adecuadamente sus mercancías.

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«Llegaron a la madrugada»: El drama de los comerciantes

Los afectados relataron que el despliegue contó con la participación de aproximadamente 120 personas, entre contratistas de la Secretaría del Interior, delegados de Espacio Público y uniformados antimotines. Con total sorpresa, los trabajadores fueron notificados de que debían abandonar el área de manera inmediata, cortando de tajo el sustento diario de sus hogares.

Las familias argumentan que llevaban más de 17 años laborando formalmente en este punto de la carrera 17. Según manifestaron, contaban con su respectiva inscripción activa en la Cámara de Comercio, pagaban servicios públicos y contaban con sus tres estructuras comerciales en regla, por lo que no comprenden la razón de una intervención tan drástica a altas horas de la madrugada.

En mesa de concertación pero sin previo aviso

El golpe para los comerciantes es aún más doloroso porque aseguran que el caso se encontraba en una fase de diálogo y concertación con las autoridades locales. De acuerdo con los testimonios, las mesas de trabajo con la Secretaría del Interior y Espacio Público estaban temporalmente en standby a la espera de que el inspector de policía del barrio Nueva Granada determinara los lineamientos definitivos para estudiar una ruta clara de reubicación.

Sin embargo, el operativo por sorpresa rompió los canales de diálogo. Hasta el momento, las directivas de la administración municipal y el secretario del despacho han evitado entregar declaraciones formales a los medios de comunicación, limitando el acceso de la prensa al perímetro del desalojo y dejando a los comerciantes sin respuestas claras sobre su reubicación o el futuro de sus inversiones de toda una vida.

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