El Ministerio de Hacienda anunció una importante modificación al decreto que buscaba aplicar una retención en la fuente del 1,5% a los pagos electrónicos. Con el cambio, la tarifa pasará a ser del 0%, una decisión que busca estimular el uso de medios digitales y fortalecer la trazabilidad y transparencia en las transacciones financieras.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la medida responde al interés de “incentivar el uso de medios digitales y electrónicos en clave de mayor transparencia y modernidad”, manteniendo el objetivo de equilibrar las condiciones entre pagos con tarjetas débito y crédito y los sistemas electrónicos de bajo valor como Nequi, Daviplata o Bre-B.

La decisión se tomó tras recibir más de 170 comentarios sobre el proyecto inicial, en los que expertos y gremios advirtieron que la retención del 1,5% podría fomentar el uso del efectivo, reduciendo la trazabilidad de las operaciones y debilitando la lucha contra la evasión y el contrabando.

El director de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt, indicó que la revisión del decreto fue un proceso participativo y destacó que “la retención generalizada del 1,5% habría desincentivado la adopción de los medios digitales de pago”.

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Desde el sector financiero, la decisión fue recibida con respaldo. José Ignacio López, presidente de la Anif, calificó la medida como “una excelente decisión del Gobierno”, asegurando que eliminar la retención en pagos digitales impulsa la formalización, inclusión financiera y mayor recaudo a largo plazo.

Por su parte, Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, celebró la modificación y aseguró que representa “uno de los pasos más importantes para incentivar la economía digital en los últimos años”. Añadió que con esta decisión “los comercios más pequeños tendrán más incentivos para recibir pagos electrónicos, avanzando hacia la formalización”.

El proyecto inicial contemplaba aplicar la retención del 1,5% tanto a tarjetas de crédito y débito como a billeteras digitales y transferencias electrónicas, pero fue ampliamente cuestionado por gremios como Asobancaria, que consideró la medida “altamente inconveniente” y un obstáculo para la digitalización.