La recuperación de estaciones de Metrolínea vandalizadas y deterioradas abre interrogantes sobre la inversión necesaria para rehabilitar la infraestructura del sistema de transporte masivo de Bucaramanga y su área metropolitana.
Desde la mirada crítica de las avispitas sabuesas, una de las preguntas centrales es si una mayor inversión en prevención y vigilancia habría contribuido a proteger las estaciones y reducir los costos de recuperación.
¿Cuánto habría costado vigilar 12 estaciones durante seis años?
Las avispitas hicieron cuentas tomando como referencia 12 estaciones, un periodo de seis años y un vigilante por estación, con un salario mensual de $3.200.000.
Bajo esos supuestos, el costo sería de $2.764.800.000 durante los seis años, sin incluir prestaciones sociales, aportes ni otros gastos asociados a la contratación.
Se trata de un cálculo hipotético que permite dimensionar el costo de esa alternativa, pero no demuestra que la vigilancia hubiera evitado el vandalismo ni que ese dinero se hubiera podido ahorrar en su totalidad.
La prevención, en el centro del debate
Más allá de las cifras, el debate se centra en las estrategias de mantenimiento, vigilancia y prevención que se implementaron para proteger la infraestructura de Metrolínea.
Entre los interrogantes que plantean las avispitas están qué medidas se adoptaron para evitar el deterioro, qué seguimiento se hizo a las estaciones y qué responsabilidades corresponden a las entidades encargadas de su administración y conservación.
Resolver estas preguntas requiere conocer los contratos de vigilancia, los registros de daños, los planes de mantenimiento y los recursos destinados a la recuperación de las estaciones.
¿Quién responde por los recursos para la recuperación?
La rehabilitación de la infraestructura deteriorada representa un desafío para las finanzas públicas y para la prestación del servicio de transporte. Por eso, resulta fundamental que las entidades responsables expliquen el alcance de las intervenciones, sus costos y las medidas previstas para evitar que los daños se repitan.
Las cifras y los cuestionamientos planteados no constituyen, por sí solos, prueba de abandono deliberado o de irregularidades por parte de funcionarios o entidades.
Sin embargo, la discusión deja una pregunta sobre la mesa: ¿cuánto se invirtió en prevenir los daños y cuánto deberá destinarse ahora a recuperar lo afectado?
Para las avispitas sabuesas, las cuentas merecen explicaciones. Porque, cuando se trata de infraestructura pública, los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo se administran los recursos y qué se está haciendo para proteger lo que pertenece a todos.
