Ser taxista en Colombia es una odisea. Así lo consideran quienes ejercen esta actividad y aseguran que aunque ofrecen un servicio público, no cuentan con las garantías para trabajar como debe ser. Y son claros al señalar que las exigencias del gobierno crecen, mientras el transporte informal no da tregua, y es poco o nada lo que hacen las autoridades para combatirlo, a pesar de su ilegalidad.
Según estadísticas, en el área metropolitana hay alrededor de 800.000 vehículos, de los cuales la mitad son motocicletas. El 20% de los automóviles son utilizados para ejercer la piratería a diario, mientras entre el 5 y el 10 por ciento lo hace de manera ocasional. A esto se suman las múltiples aplicaciones que no cumplen con los requisitos para prestar servicio público.
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Como si fuera poco, este documento (FOTOS ABAJO) muestra los sitios mal denominados “terminalitos”, y que son más de 100 en el área metropolitana. Pero lo peor, según el gremio de taxistas, es la falta de control por parte de las autoridades, que parecen ser sus aliadas de la ilegalidad y contribuyen con su inoperancia a agravar la crisis por la que atraviesa el gremio ‘amarillo’.
Por su parte, los conductores que no son propietarios de taxis explican que deben cumplir su tarifa diaria, que oscila entre 50 y 55 mil pesos cuando laboran medio día, y entre 90 y 100 cuando lo hacen durante todo el día. A este mal, advierten, hay que sumarle la gasolina y su eventual utilidad, pues no pueden llegar a sus casas sin lo necesario para su sustento y el de sus familias. ¿Les alcanzará?
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En medio de esta situación, hay quienes critican porque algunos taxistas realizan servicios colectivos. También se han visto enfrentamientos entre ellos cuando se programan marchas y hasta se dice que hay una gran división en el gremio. ¿Será esto un presagio de que esta actividad de servicio público tiende a desaparecer para dar paso a sistemas más dependientes de las modernas tecnologías?