En redes sociales se ha vuelto viral un enlace en el que cualquier persona de forma anónima puede denunciar a quienes considera infieles, supuestamente para “exponerlos”. En el formulario, quienes hacen la denuncia deben ingresar nombres y apellidos, ciudad, departamento, profesión u ocupación, descripción de la infidelidad o de la razón por la que la persona estaría siendo señalada, usuario de redes sociales e incluso una breve descripción de sus rasgos físicos. Todo ello con el objetivo de que terceros conozcan la situación y advertir sobre la persona. 

La lista cuenta con casi 40 mil nombres y las descripciones que incluyen van desde apuntes breves hasta extensas narraciones de supuestos episodios traumáticos denunciados por quienes dicen ser víctimas de dichas infidelidades. 

El asunto ha generado una oleada de reacciones en redes sociales y en la opinión pública. Sin embargo, detrás del revuelo subyace una preocupación real: la vulneración de la privacidad y el derecho al buen nombre de las personas incluidas en la lista. En algunos casos, la información compartida va más allá del nombre: se han mencionado incluso las direcciones de residencia, datos personales sensibles y otras formas de identificación.

¿Qué dice la ley colombiana al respecto?

En Colombia, los delitos de Código Penal Colombiano, específicamente los artículos dedicados a calumnia e injuria podrían aplicarse en este tipo de casos. La calumnia es cuando se imputa falsamente a alguien la comisión de un delito que no ha cometido. Está castigada con prisión de 16 a 72 meses y multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV).
La injuria, que obedece a imputaciones deshonrosas o declaraciones que atentan contra el honor o la reputación, puede implicar prisión de 16 a 54 meses más multa en el mismo rango.
Además, si estos señalamientos se realizan mediante medios de comunicación masiva, como plataformas digitales o redes sociales, las penas pueden agravarse por las circunstancias de publicidad. 

En este tipo de “listas de infieles” o en denuncias públicas sin pruebas contundentes, la ley establece que quien realice imputaciones falsas puede enfrentarse a sanciones penales. Y más aún si, además de acusar, se divulgan datos privados que expongan a las personas a riesgos de seguridad, hostigamiento o daño reputacional.

Menores de edad y vulneración de privacidad

Un elemento aún más delicado: algunos de los nombres que han aparecido en la lista corresponden a menores de edad, de acuerdo con la casilla “edad” contenida en la lista. Si eso se confirma, la situación deja de ser solo un ataque al buen nombre: entra en juego la protección de datos personales y de la intimidad de menores, lo cual es especialmente relevante por los derechos que la ley les reconoce.

Publicar datos personales sensibles como direcciones, edades, ocupación, contexto de menores o de adultos, y acusarlos de infidelidades o delitos sin fundamento es, en muchos casos, al menos una falta grave, y podría trascender a la esfera legal bajo delitos de calumnia, injuria o incluso de protección de datos en casos pertinentes.

Un llamado al uso responsable de las redes

El fenómeno de estas “listas de infieles” evidencia el poder de las redes sociales para amplificar denuncias ciudadanas. Pero también demuestra lo vulnerable que queda una persona cuando su nombre y datos aparecen en internet, muchas veces sin su consentimiento y sin posibilidad de defenderse.

La libertad de expresión tiene límites claros cuando entra en juego el honor, la reputación y los derechos fundamentales de las personas. Y la ley colombiana está diseñada precisamente para proteger esos derechos.