La sentencia dictada el pasado 18 de junio contra Merlys Oropeza, una joven venezolana, ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad civil. Oropeza fue condenada a una década de cárcel por un estado en WhatsApp, en el que cuestionaba la actitud de quienes, según escribió, “prefieren recibir ayudas alimentarias con gorgojos en vez de luchar por un mejor futuro para sus hijos”.

El mensaje, que habría sido publicado el 9 de agosto de 2024 —poco después de las elecciones presidenciales— fue considerado por las autoridades como una violación a la Ley contra el odio, al interpretar que hacía referencia a una líder de un Consejo Comunal afín al chavismo. Su detención se dio en el marco de lo que muchos venezolanos conocen como la “Operación Tun-Tun”, una política gubernamental de arrestos por opiniones contrarias al régimen.

Organismos defensores de derechos humanos han calificado el castigo como “desproporcionado” y “arbitrario”. Desde la oposición también se ha alzado la voz, señalando que la condena representa un grave atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la crítica en un país donde cada vez es más riesgoso opinar en público.

En una carta escrita desde el centro penitenciario, Merlys expresó su angustia y desesperanza. “Siento que soy un peso para mi familia”, escribió, dejando entrever un profundo desgaste emocional tras su encierro. Su testimonio ha conmovido a miles de ciudadanos que, a través de redes sociales, han manifestado su apoyo, utilizando etiquetas como #LiberenAMerlys y #NoEsDelitoOpinar.

Diversas voces han sugerido que el caso pudo haberse abordado con medidas pedagógicas, reconociendo el derecho al disenso y promoviendo el diálogo ciudadano. Sin embargo, en el contexto actual, la judicialización de la palabra parece ganar terreno como herramienta de control.