Londres volvió a ser escenario este sábado de una protesta multitudinaria contra la decisión de ilegalizar a la organización Palestine Action, una ONG conocida por sus acciones directas en apoyo a Palestina. La Policía Metropolitana confirmó la detención de 492 personas durante el operativo desplegado en el centro de la capital británica.
Entre los arrestados figuran seis manifestantes que fueron detenidos a primeras horas de la mañana tras colgar una pancarta de apoyo a Palestine Action en el puente de Westminster, una acción simbólica que generó atención mediática incluso antes del inicio de los disturbios.
Según las autoridades, un grupo de manifestantes se concentró en Whitehall y bloqueó la calzada, desplazándose luego hacia la Plaza de Trafalgar y la Plaza del Parlamento, donde se registraron enfrentamientos con los agentes antidisturbios encargados de restablecer el orden.
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La protesta londinense coincidió con manifestaciones en otras ciudades europeas, como Dublín y Roma, donde cientos de personas también salieron a las calles para rechazar la ilegalización de Palestine Action. El movimiento ha adquirido un eco internacional que refuerza su alcance político.
La ilegalización de Palestine Action se produjo después de que la organización protagonizara una acción de protesta en una base militar, lo que desató una fuerte controversia política y legal. Los defensores del grupo sostienen que la medida vulnera la libertad de expresión, mientras que los críticos acusan a la ONG de emplear tácticas radicales e ilegales.
Durante la jornada se registraron momentos de tensión entre manifestantes y fuerzas del orden, además de bloqueos en vías céntricas y un amplio despliegue policial que alteró la movilidad en el centro de Londres.
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La Policía Metropolitana defendió su intervención alegando que el operativo tenía como fin garantizar la seguridad pública y el orden, aunque organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes.
Desde Palestine Action, sus voceros denunciaron la medida como un ataque directo a la disidencia política y anunciaron nuevas acciones para visibilizar lo que consideran una censura estatal. Activistas y grupos sociales advierten que el precedente podría afectar a otras organizaciones con agendas críticas.
El episodio reaviva el debate sobre los límites del activismo político y la libertad de protesta en Europa, mientras las autoridades británicas enfrentan cuestionamientos por el manejo de las manifestaciones y el impacto que esta decisión podría tener en futuras movilizaciones pro Palestina.
