La reciente actualización de la estratificación socioeconómica en Bucaramanga ha generado una ola de inquietud entre miles de familias de distintos sectores de la ciudad, que aseguran haber evidenciado cambios en su clasificación y, con ello, un posible aumento en el valor de los servicios públicos, lo que ha encendido el debate social y político.

Preocupación por el impacto en los hogares
La principal preocupación de la ciudadanía se centra en el impacto económico que estos ajustes podrían generar en los hogares, especialmente en aquellos de menores ingresos, que temen perder subsidios o ver incrementadas sus facturas de servicios como agua, energía y gas.
Habitantes de varios barrios han manifestado su inconformidad, asegurando que no recibieron información clara ni oportuna sobre los cambios, lo que ha generado incertidumbre frente a la nueva clasificación de sus viviendas.

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Críticas por falta de socialización
Desde distintos sectores se ha cuestionado la forma en que se adelantó el proceso. El concejal Diego Lozada advirtió que uno de los principales problemas ha sido la falta de socialización con las comunidades, lo que ha provocado confusión y molestia entre los ciudadanos afectados.
Según las denuncias, muchas familias se habrían enterado de los cambios únicamente al recibir sus facturas de servicios públicos, sin una explicación previa sobre los criterios aplicados.

Respuesta de la Alcaldía
Ante la creciente inconformidad, la Alcaldía de Bucaramanga, a través del jefe de Gobernanza, Jhon Manuel Delgado, defendió el proceso y aseguró que se trata de una actualización de carácter técnico y normativo, basada en la metodología establecida por el DANE.
La administración explicó que el objetivo del proceso es garantizar una clasificación más precisa de los predios y que, en términos generales, la mayoría de los hogares no presenta modificaciones significativas en su estrato.

Malestar en los barrios
Pese a las explicaciones oficiales, en sectores como San Expedito, La Pedregosa y otras zonas residenciales, los habitantes continúan expresando su preocupación por los posibles incrementos en sus gastos mensuales, especialmente en servicios públicos, lo que afecta directamente su economía familiar.
La comunidad insiste en que la falta de información clara ha profundizado la sensación de incertidumbre y desconfianza frente a la medida.

Un debate entre lo técnico y lo social
El caso ha abierto un debate en la ciudad entre la aplicación de criterios técnicos del DANE y el impacto social que estas decisiones generan en la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes piden mayor transparencia, pedagogía y acompañamiento en este tipo de procesos.

Llamado a la claridad y el diálogo
Mientras la administración sostiene que el proceso se ha realizado bajo la normativa vigente, los ciudadanos insisten en la necesidad de revisar los efectos sociales de la actualización y fortalecer los canales de comunicación para evitar nuevos malentendidos.
La situación mantiene en alerta a diferentes sectores de Bucaramanga, donde el principal reclamo es contar con información clara, oportuna y soluciones que no afecten el bolsillo de las familias.