El acoso sexual en Colombia continúa en aumento y genera preocupación a nivel nacional. Bucaramanga y Cúcuta figuran entre las ciudades con más casos reportados, en un contexto donde las denuncias crecen, pero las condenas siguen siendo mínimas, evidenciando una grave brecha en la justicia.

Denuncias aumentan, pero condenas no avanzan al mismo ritmo

De acuerdo con cifras recientes de la Fiscalía General de la Nación, desde 2024 se han abierto 8.490 noticias criminales por acoso sexual, lo que equivale a cerca de diez casos diarios en el país.

Sin embargo, el contraste es contundente: en promedio, apenas se logra una condena cada semana, lo que refleja una baja efectividad en la judicialización de este delito.

El panorama ubica a ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, Soacha, Pasto, Bucaramanga y Cúcuta como los principales focos de denuncias, lo que confirma que el problema se extiende a lo largo del territorio nacional.

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Barreras para denunciar y violencia en contextos de poder

Uno de los aspectos más preocupantes está en los entornos laborales y de poder. Al menos 229 casos corresponden a hechos ocurridos en estos espacios, donde las relaciones jerárquicas dificultan las denuncias y favorecen el silencio.

Según la Defensoría del Pueblo, el problema es aún más profundo:

• El 41 % de las víctimas no denuncia
• El 59 % enfrenta barreras para acceder a la justicia
• El 40 % sufre represalias laborales

La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha sido enfática en que no se trata de hechos aislados, sino de una problemática estructural. “Las violencias no están siendo contenidas por las instituciones”, advirtió, señalando además que muchas entidades no activan de manera efectiva las rutas de atención.

Baja judicialización y alta impunidad

En los últimos dos años, la Fiscalía reportó apenas 98 condenas por acoso sexual, además de 346 imputaciones y 392 escritos de acusación, cifras que reflejan un avance limitado frente al volumen de denuncias.

Este escenario evidencia un problema estructural en el sistema judicial colombiano, donde la impunidad y las dificultades para denunciar siguen siendo factores determinantes en la persistencia del delito.

Expertos coinciden en que el reto no solo está en aumentar las denuncias, sino en garantizar procesos efectivos, protección a las víctimas y sanciones reales que permitan frenar este tipo de violencia.