El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil inició este martes la fase de veredicto en el juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro, acusado de liderar un plan para revertir su derrota electoral en 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El proceso, que involucra a siete ex ministros y ex generales, podría derivar en una condena de hasta 43 años de prisión para Bolsonaro, marcando un hito sin precedentes en la historia reciente del país sudamericano.

Acusaciones

Según la fiscalía, Bolsonaro encabezó una organización criminal destinada a impedir el traspaso de poder, mediante la desestabilización institucional y la promoción de desconfianza en el sistema electoral. Entre las pruebas presentadas se encuentran mensajes, notas manuscritas y un informe de 884 páginas que documenta el supuesto complot. Entre los hechos más relevantes destacan:

• Una campaña para deslegitimar el voto electrónico.
• Un plan para declarar un estado de emergencia.
• La presunta intención de eliminar figuras clave como Lula, su vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes, quien preside el caso.

El juicio también se relaciona con los hechos del 8 de enero de 2023, cuando cientos de simpatizantes de Bolsonaro invadieron el palacio presidencial, el Congreso y la sede del STF en Brasilia, exigiendo una intervención militar. Aunque Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos, los fiscales consideran que su rol como incitador fue central.

Desarrollo del juicio

La sesión comenzó con un resumen de pruebas a cargo del juez Alexandre de Moraes, seguido de los alegatos finales de la fiscalía y la defensa. Cinco magistrados del STF emitirán sus votos en sesiones programadas hasta el 12 de septiembre, requiriendo al menos tres votos para una condena. Bolsonaro, de 70 años y bajo arresto domiciliario, no estará presente en la sala. Su defensa sostiene que no existen pruebas que lo vinculen directamente con el complot y lo considera víctima de una persecución política.

Impacto y repercusiones

El caso ha generado tensiones internas y atención internacional. Sectores bolsonaristas, respaldados por figuras como Donald Trump, han denunciado el proceso como una “caza de brujas”. Sin embargo, organismos internacionales y sectores de la sociedad civil brasileña lo consideran un esfuerzo clave para proteger la democracia tras los eventos del 8 de enero, ocurridos 40 años después del fin de la dictadura militar.

De ser condenado, Bolsonaro no solo enfrentaría prisión, sino también una inhabilitación permanente para cargos públicos, lo que frustraría sus aspiraciones de regresar al poder en 2026. Sus aliados en el Congreso estudian impulsar una ley de amnistía para anular una posible condena, mientras que en caso de apelación los seis jueces restantes del STF revisarían aspectos específicos del fallo.