La comunidad de La Calera, Cundinamarca, está consternada tras la muerte de un bebé de 11 meses en un centro de desarrollo integral del municipio. El menor, identificado como Liam Rodríguez, fue trasladado sin signos vitales al hospital Divino Salvador de Sopó, donde a pesar de los esfuerzos médicos no fue posible salvarle la vida.

De acuerdo con el hospital, el niño ingresó de urgencia alrededor de las 10:00 de la mañana del lunes 29 de septiembre en un vehículo particular, acompañado por una docente del centro. Se activó el código azul pediátrico y se aplicaron maniobras de reanimación y adrenalina, pero media hora después se confirmó su fallecimiento.

La Secretaría de Educación de La Calera aclaró que este establecimiento no está avalado por la entidad municipal ni por la Gobernación de Cundinamarca, pues figura como un centro de comercio y no como institución educativa, lo que lo deja fuera de la normativa de vigilancia de jardines y colegios.

Este vacío normativo genera preocupación, ya que los centros de cuidado de menores de 3 años no cuentan con supervisión directa de las secretarías de educación. La vigilancia recae en la Gobernación, pero únicamente a partir de cierta edad escolar.

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Familiares del menor denuncian presunta negligencia. Aseguran que Liam fue entregado en buen estado de salud y que, al recibirlo en el hospital, observaron rastros de sangre en su cuerpo. También señalaron irregularidades en el manejo de la emergencia.

Según el testimonio de Jonathan Rodríguez, tío del menor, los funcionarios del centro retiraron el aviso del establecimiento, devolvieron a los demás niños y cerraron las instalaciones sin dar explicaciones, lo que despierta sospechas de una posible manipulación de pruebas.

El hospital confirmó que el menor llegó sin vida, por lo que será Medicina Legal la entidad que determine con precisión la causa del fallecimiento y si existió algún tipo de maltrato o negligencia.

Mientras tanto, la comunidad realizó una velatón en el parque principal para exigir justicia y pedir mayor control sobre los centros de cuidado infantil que no cuentan con autorización oficial.

La Fiscalía General de la Nación ya asumió la investigación penal y en los próximos días se esperan avances sobre el proceso judicial y posibles sanciones a los responsables.