El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la captura del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Las autoridades confirmaron que González huyó del país y actualmente se encuentra en Nicaragua.

La Fiscalía General de la Nación presentó un amplio material probatorio que vincula a González con graves delitos relacionados con el desvío de recursos públicos, pago de sobornos a congresistas y lavado de activos. Según el ente investigador, el exfuncionario habría ordenado el pago de millonarios sobornos a congresistas como Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso, para asegurar respaldo a iniciativas del Gobierno.

Los pagos, según la investigación, se pactaron inicialmente a través de contratos en la UNGRD, pero fueron entregados en efectivo debido a la supuesta urgencia del trámite. La Fiscalía también le imputó a González el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, al evidenciarse el desvío de al menos 4.000 millones de pesos destinados a la atención de emergencias en comunidades vulnerables.

Los investigadores señalaron que el dinero público fue utilizado para cubrir los sobornos mediante instrucciones directas que González habría dado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, hoy también procesado. Este desvío afectó de manera directa a zonas del país con graves problemas de desabastecimiento de agua.

Además, el ente acusador aseguró que Carlos Ramón González participó activamente en maniobras para ocultar el origen ilícito del dinero, configurando así el delito de lavado de activos. En este entramado también fueron mencionados otros implicados como Sandra Ortiz y Sneyder Pinilla, quienes colaboran actualmente con la justicia y han entregado detalles clave del funcionamiento del esquema de corrupción.

Con la orden de captura en firme, las autoridades adelantan gestiones diplomáticas y judiciales para lograr la extradición de González desde Nicaragua, mientras continúa la ofensiva legal contra los implicados en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en Colombia.