Un violento hecho ocurrido en Perú ha generado conmoción y debate público. Un empresario, presuntamente víctima de reiteradas amenazas y extorsiones bajo la modalidad de “cobro de piso”, instaló un artefacto explosivo en su vivienda y negocio, acción que terminó con la vida de cinco presuntos delincuentes que intentaban atacarlo.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, el grupo ingresó armado al inmueble, algunos con el rostro cubierto, y se disponía a forzar la cerradura para abrir fuego contra el propietario. Sin embargo, antes de que pudieran accionar sus armas, se produjo una fuerte explosión que redujo gran parte de la edificación a escombros. Ninguno de los cinco hombres sobrevivió.

El hecho dividió la opinión pública en el país. Mientras algunos consideran que se trató de un acto de defensa frente a un peligro inminente, otros califican la acción como un exceso que derivó en una tragedia evitable.

Las autoridades peruanas confirmaron que se abrió una investigación para establecer si el empresario enfrentará responsabilidades legales por el uso del explosivo, a la vez que reforzaron el llamado de atención sobre los riesgos que enfrentan comerciantes y empresarios por la creciente inseguridad y la presión de bandas criminales en distintas regiones.