La cadena colombiana Lili Pink atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia tras las medidas de extinción de dominio ordenadas por la Fiscalía General de la Nación. A pesar del proceso judicial, las autoridades confirmaron que la marca seguirá operando con normalidad mientras se define el futuro de sus activos.

Administración estatal y continuidad del negocio

La Sociedad de Activos Especiales asumió la administración temporal de los bienes incautados, con el objetivo de garantizar su conservación y mantener en marcha la operación comercial.
La entidad realizará un diagnóstico integral que abarca aspectos financieros, contractuales, laborales y operativos, con el fin de determinar la viabilidad de la empresa y definir un plan de administración adecuado. Mientras tanto, los locales y actividades de la marca continuarán funcionando con normalidad, salvo decisión judicial en contrario.

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Alcance de las medidas y señalamientos

El proceso afecta 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad, distribuidos en 59 municipios de 25 departamentos del país.
Según la Fiscalía, las investigaciones apuntan a una presunta red que habría ingresado mercancía de manera irregular mediante evasión de controles aduaneros, uso de empresas fachada y simulación de operaciones comerciales.
Entre los montos señalados se encuentran:

Lavado de activos por más de $730.000 millones

Enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones

Contrabando estimado en más de $75.000 millones

Además, se han emitido órdenes de captura contra presuntos responsables vinculados al caso.

Protección laboral y vigilancia institucional

La SAE informó que trabaja junto al Ministerio del Trabajo para evaluar la situación de los empleados y garantizar el respeto de sus derechos.
Asimismo, el proceso cuenta con la supervisión de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el objetivo de reforzar la transparencia y el control sobre la administración de los activos.

Testimonio de exempleado reaviva debate laboral

En medio del proceso, el creador de contenido Miller Arango Aguilar, quien trabajó anteriormente en la empresa, expuso su experiencia laboral con fuertes críticas.
El exempleado aseguró que parte de su salario no se le pagaba formalmente:

“Dos millones nada más me ingresaban legalmente. El otro $1′200.000 me lo depositaban (…) no sé ni cómo llamarlo”.

También denunció jornadas extensas sin horario de salida definido y dificultades por la ubicación de la empresa en las afueras de Bogotá.
En cuanto al ambiente laboral, describió una falta de articulación entre áreas y una cultura interna altamente competitiva:

“No existía relación entre lo comercial y lo operativo… cada uno luchando para llevarse galardones”.

Proceso en curso y futuro incierto

Las autoridades reiteraron que la extinción de dominio no constituye una condena penal, sino un mecanismo para determinar la legalidad del origen de los bienes.
El proceso judicial continuará hasta que se establezca si los activos permanecen bajo control del Estado o son devueltos a sus propietarios.
Por su parte, Lili Pink aseguró que enfrenta la situación con el respaldo de sus asesores legales y reiteró su intención de proteger la marca, su trayectoria de más de 20 años y los miles de empleos que genera en el país.