En un golpe histórico contra el tráfico de fauna silvestre en el Pacífico colombiano, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre señalado de almacenar e intentar comercializar un cargamento masivo de recursos marinos protegidos. El procesado pretendía trasladar ilegalmente 4.235 aletas de tiburón hacia Ecuador.
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El gigantesco hallazgo se dio en el barrio El Bajito del municipio de Tumaco (Nariño), durante una diligencia de registro y allanamiento coordinada por la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional, el Gaula Militar y la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).
El horror del ‘aleteo’: Más de 1.000 tiburones sacrificados
Durante el operativo judicial en un establecimiento dedicado a la venta de mariscos y pescados, las autoridades capturaron en flagrancia a William Leonardo de la Cruz Valverde. El investigado ocultaba el cargamento ilícito en 13 sacos con un peso superior a los 376 kilogramos.
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Los análisis técnicos preliminares revelaron un panorama devastador para el ecosistema marino:
- Especies afectadas: Las partes cercenadas correspondían a ejemplares de tiburón martillo, tigre, sedoso, zorro, cobrizo y puntas negras.
- Magnitud del daño: Los expertos calculan que las piezas provienen del sacrificio de más de 1.000 tiburones.
- Crueldad ambiental: La obtención del material se realizó mediante el ‘aleteo’ (cercenar las aletas y descartar el cuerpo vivo del animal al mar), provocándoles una muerte lenta y un impacto crítico en la cadena alimenticia oceánica.
Imputación de cargos por tráfico de fauna internacional
La investigación criminal, liderada por una fiscal de la Seccional Nariño con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), determinó que el destino final del cargamento era el mercado negro en Ecuador.
A De la Cruz Valverde se le imputaron formalmente los delitos de:
- Aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.
- Tráfico de fauna.
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A pesar de la contundencia del material probatorio presentado por el ente acusador, el procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, debido a la gravedad de los hechos y al riesgo ambiental, un juez ordenó que permanezca privado de la libertad en un establecimiento penitenciario mientras avanza el proceso penal en su contra.
