La Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación mantiene bajo la lupa la administración del Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada. Un grupo especial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) irrumpió en las instalaciones directivas para recolectar material probatorio ante sospechas de graves irregularidades y prebendas internas.
Los detalles del operativo
Durante la inspección de los peritos judiciales se decomisaron los siguientes elementos clave:
- Efectivo: Un total de 8 millones de pesos ocultos en las áreas de gestión del penal.
- Tecnología: Dispositivos electrónicos de almacenamiento y registros de cámaras de seguridad locales.
- Papelería: Documentación interna, bitácoras de ingreso y carpetas de seguimiento administrativo.
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La sombra de alias «Pichi» y los supuestos privilegios
El procedimiento tomó fuerza tras las recientes denuncias presentadas por un medio de televisión nacional que expuso una serie de autorizaciones especiales firmadas por el director del establecimiento, el mayor Edgar Pérez. Según los folios de la investigación, el penal avaló el ingreso de un cirujano plástico, esteticistas y más de 39 insumos médicos (incluyendo toxina botulínica y jeringas de ácido hialurónico) para realizar supuestos procedimientos estéticos a alias «Pichi» dentro de su reclusión.
Óscar Camargo Ríos, considerado en el submundo criminal como el «Pablo Escobar de Bucaramanga», purga una condena de 52 años por narcotráfico y homicidio. Las autoridades buscan esclarecer de manera urgente si el dinero en efectivo incautado corresponde al pago de sobornos para la concesión de estos tratamientos de vanidad y otros beneficios intramurales.
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La incautación de 8 millones de pesos en efectivo, junto con bitácoras y registros de cámaras, destapó una olla de presión sobre supuestos beneficios otorgados a este peligroso capo condenado a 52 años de prisión por narcotráfico y homicidio.
Un Quirófano Improvisado: El Escándalo de la Cirugía Estética
La inspección judicial fue motivada por denuncias de Noticias RCN que expusieron el ingreso de cirujanos plásticos, esteticistas y enfermeras al penal de máxima seguridad. A pesar de registrarse oficialmente como una «valoración dermatológica», los documentos revelan la autorización para ingresar toxina botulínica, ácido hialurónico y una mentonera médica. Las autoridades indagan si el dinero decomisado al director de la prisión, el mayor Edgar Pérez, corresponde a presuntos sobornos para facilitar estos cambios físicos en el rostro del interno.
El Historial de Desafío a la Justicia: Las Fugas de «Pichi»
La extrema preocupación de los investigadores radica en que alias Pichi ha utilizado la alteración de su apariencia física en el pasado como una herramienta para evadir los controles judiciales. Su prontuario registra antecedentes de evasión altamente mediáticos:
- Fuga de Girón: Protagonizó una huida inicial en el departamento de Santander en el año 2015.
- La burla del brazalete en Medellín (2024): Mientras gozaba del beneficio de detención domiciliaria en el exclusivo sector de El Poblado, el capo violó la medida en múltiples ocasiones. Tras confirmarse la revocatoria de su beneficio, burló la seguridad del INPEC destruyendo o apagando su dispositivo electrónico de geolocalización, lo que desató una masiva cacería policial que concluyó con su recaptura en Copacabana, Antioquia.
¿Qué piensa la comunidad del INPEC?
La indignación en el entorno carcelario es total. Voces internas de la comunidad del INPEC, así como sindicatos de guardianes penitenciarios que exigen anonimato, manifiestan un profundo descontento por cómo las actuaciones de altos directivos sepultan la reputación de la institución. Los dragoneantes denuncian que, mientras el personal de base arriesga su vida en los patios custodiando a criminales de alta peligrosidad bajo estrictos protocolos, las directivas presuntamente facilitan «celdas VIP» y prebendas a grandes capos del narcotráfico. El ambiente interno es de absoluta desconfianza, puesto que el director del penal ya arrastraba cuestionamientos disciplinarios por eventos pasados en la cárcel de Itagüí.
La Unidad de Anticorrupción mantiene los ojos sobre La Dorada, mientras la opinión pública exige una reestructuración profunda ante un sistema donde los millones parecen comprar hasta el rostro de los delincuentes.
