El Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de tutela que limitaba los bombardeos de las Fuerzas Militares, dejando sin efectos jurídicos las medidas provisionales que obligaban a la Fuerza Pública a extremar precauciones adicionales ante la sospecha de menores de edad reclutados forzosamente en los campamentos de grupos armados organizados.

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Con este pronunciamiento de segunda instancia, la justicia tumba el fallo del pasado 16 de septiembre del Juzgado 34 de Familia de Bogotá, el cual buscaba salvaguardar los derechos de los niños atrapados en el conflicto armado tras registrarse bajas de adolescentes en operativos del Guaviare y el Catatumbo.

La Sala de Familia argumentó una razón puramente técnica: declaró improcedente la acción de tutela debido al incumplimiento de requisitos procesales. De acuerdo con el dictamen del Tribunal, el recurso interpuesto no identificaba a víctimas determinadas ni detallaba operaciones militares concretas de amenaza inminente, señalando que las pretensiones de carácter estructural y colectivo deben ventilarse a través de otros mecanismos judiciales de la Constitución.

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Reacción del Gobierno Nacional y vigencia del DIH

Tras la divulgación de la providencia, el Gobierno Nacional celebró la determinación judicial al considerar que restituye las plenas capacidades de la Fuerza Pública en su lucha territorial:

• Capacidad operacional aérea: Presidencia señaló que el fallo faculta a las tripulaciones y tropas a planear y ejecutar ataques estratégicos en contra de estructuras narcocriminales sin regulaciones accesorias interpuestas por jueces locales.
• Cumplimiento estricto del DIH: El Ejecutivo aclaró que la anulación de la tutela no exime a las Fuerzas Militares de sus obligaciones legales básicas. Las operaciones aéreas continuarán sujetas a los principios universales de distinción, proporcionalidad y precaución dictados por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

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A pesar del alivio gubernamental, la decisión reactiva un sensible debate nacional. Mientras sectores políticos y mandos militares defienden el bombardeo estratégico como una herramienta de soberanía nacional, organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre la desprotección de los menores víctimas del reclutamiento ilícito en zonas de guerra.