La restricción al parrillero en motocicleta podría volver a aplicarse en Bucaramanga a partir de febrero, tras nuevos análisis técnicos ordenados por una autoridad judicial. La medida también involucra a Floridablanca, Girón y Piedecuesta, municipios del área metropolitana.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga confirmó que actualmente se adelantan estudios para definir zonas y horarios específicos en los que se limitaría la circulación de motocicletas con acompañante, como parte de una estrategia para mejorar la seguridad y el orden vial.

Antecedentes judiciales de la medida

Este proceso se deriva de una decisión judicial emitida en junio de 2025, cuando se ordenó implementar la restricción en algunos corredores de la ciudad. No obstante, semanas después, el Tribunal Administrativo de Santander suspendió parcialmente la medida tras una acción judicial interpuesta por un motociclista, permitiendo nuevamente la circulación con parrillero en varios sectores.

Posteriormente, en julio del mismo año, un juez citó a los alcaldes de los cuatro municipios para revisar el cumplimiento de un plan de acción que inicialmente contemplaba 18 puntos, el cual fue ajustado a nueve compromisos relacionados con movilidad, transporte público y control al transporte informal.

Entre las tareas asignadas se encuentran al análisis de aforos del transporte urbano, la identificación de vías con mayor flujo de motocicletas y la ubicación de los llamados “terminalitos” informales. Además, se solicitó fortalecer campañas pedagógicas y operativos de control.

Posibles sectores y horarios

El director de Tránsito de Bucaramanga, Jhair Manrique, indicó que los resultados del estudio serán socializados con la comunidad antes de ser presentados ante el juez el próximo 2 de febrero, fecha en la que se definirá si la restricción vuelve a entrar en vigor.

De aplicarse la medida, sectores como el Centro y Cabecera estarían entre los puntos priorizados, con controles en horarios determinados. Las autoridades insisten en que el objetivo no es afectar la movilidad cotidiana, sino reducir la informalidad y los riegos viales asociados al transporte ilegal.

Cifras oficiales indican que más del 24% de la población del área metropolitana se moviliza en motocicleta y que actualmente circulan más de 545.000 motos matriculadas en la región, lo que ha generado retos en materia de movilidad y seguridad vial.