El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó al presidente colombiano Gustavo Petro en la llamada “Lista Clinton” o lista de la Office of Foreign Assets Control (OFAC) por presuntas vinculaciones con el narcotráfico, junto con su esposa, Verónica Alcocer; su hijo, Nicolás Petro Burgos; y el ministro de Interior, Armando Benedetti.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que “desde que Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”. Añadió que el mandatario colombiano habría permitido “el florecimiento de los cárteles de la droga” tras la visita del ex presidente Donald Trump.

La sanción se basa en la Orden Ejecutiva N.º 14059, que permite designar a ciudadanos extranjeros implicados en actividades de narcotráfico internacional.

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La designación implica el congelamiento de bienes pertenecientes a las personas sancionadas que estén bajo jurisdicción de EE. UU., la prohibición de que ciudadanos estadounidenses realicen transacciones con ellos, y restricciones de exportación de bienes, tecnología o servicios hacia estas personas.

En respuesta, Petro calificó la medida como “una paradoja” y afirmó que dedicó décadas a combatir el narcotráfico, mientras que su abogado en EE. UU. será el jurista estadounidense Dany Kovalik.

El impacto diplomático es notable. Además de la sanción, EE. UU. ha revocado visas del presidente colombiano y su cooperación antinarcóticos ha sido puesta en duda.

El gobierno colombiano aún no ha ofrecido un comunicado detallado sobre las sanciones más allá de las declaraciones del presidente. La incertidumbre persiste sobre las repercusiones económicas, políticas y legales que este movimiento tendrá en Colombia y en su relación con Estados Unidos.