Un adolescente de 17 años, señalado como testigo en el caso penal por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, abandonó el Centro de Emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde permanecía bajo una medida de protección. La situación generó pronunciamientos de distintas entidades del Estado, incluido un rechazo por parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que ya inició una indagación formal.

El menor, quien habría participado en reuniones previas a la planificación del atentado, no enfrenta cargos ni estaba privado de la libertad. Así lo aclaró la directora del ICBF, Astrid Cáceres, quien subrayó que el joven se encontraba en el centro como parte de un proceso de restablecimiento de derechos, debido a su condición de migrante no acompañado.

«No tiene acusación ni privación de libertad. El chico no estaba en custodia judicial, estaba en un proceso de protección mientras se buscaba a su familia», señaló Cáceres, respondiendo a la preocupación manifestada por la Procuraduría.

Rechazo de la Procuraduría

La PGN expresó su preocupación por lo que calificó como una “evasión” y pidió a las autoridades esclarecer lo sucedido. A través de un comunicado oficial en su cuenta de X, indicó que ya se adelantan indagaciones para establecer las condiciones de protección en las que se encontraba el menor y posibles responsabilidades institucionales. Además, solicitó “trabajar para dar con su paradero lo más pronto posible a fin de proteger la investigación”.

Naturaleza del centro y procedimiento

Según explicó la directora del ICBF, los centros de emergencia no son establecimientos de reclusión ni cuentan con medidas de seguridad carcelaria, pues su objetivo es brindar atención y protección temporal a menores en riesgo. En este caso específico, la entidad actuó tras recibir al joven por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia, luego de que este rindiera una declaración ante la Fiscalía.

Los menores en estos centros no pueden salir sin un adulto responsable, pero no están retenidos bajo mandato judicial. Cáceres enfatizó que el enfoque del ICBF es psicosocial y no punitivo: “Son adolescentes en formación, no son centros donde te retienen a la fuerza”, indicó.

La salida del menor, aunque irregular, fue una decisión propia. El ICBF confirmó que se están revisando los protocolos de atención y acompañamiento, mientras se mantiene la colaboración con las autoridades judiciales.