Un hecho que ha generado indignación y preocupación se registró en el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama, en la región del Catatumbo, donde se realizó un funeral masivo en homenaje a un cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en medio de la comunidad y con una visible presencia de hombres armados.

El sepelio, que se conoció a través de videos e imágenes difundidas en redes sociales, mostró un cortejo fúnebre acompañado por guerrilleros uniformados y armados, música y disparos al aire, mientras el féretro era escoltado por varios vehículos a lo largo de las calles del corregimiento.

Presencia armada en zona civil

Las imágenes evidencian la participación de población civil, incluidos adultos mayores y menores de edad, así como la utilización de elementos simbólicos durante el recorrido. Este tipo de actos públicos ha generado fuertes cuestionamientos, debido a la exhibición abierta de un grupo armado ilegal en un territorio civil, sin una reacción visible de la fuerza pública.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido ni sobre las posibles implicaciones en materia de orden público y seguridad.

Una región marcada por el conflicto

San Pablo y sus alrededores hacen parte de una zona históricamente golpeada por el conflicto armado. El Catatumbo ha sido señalado en múltiples informes como uno de los territorios más críticos del país, donde convergen disputas entre el ELN, disidencias de las FARC y otros actores armados, ligadas al control territorial, rutas del narcotráfico y economías ilícitas.

Habitantes y analistas advierten que la escasa presencia sostenida de la fuerza pública en algunos corregimientos ha permitido que grupos armados ilegales realicen actividades públicas sin oposición, fortaleciendo su control e influencia sobre la población.

Sectores sociales y políticos han cuestionado que este tipo de eventos se desarrollen “a plena luz del día”, sin una respuesta contundente por parte del Estado. También han señalado el silencio institucional frente a un acto que, según expertos, podría constituir una vulneración al orden público y a eventuales compromisos de cese al fuego.