La Procuraduría pidió revocar la licitación por 387 mil millones de pesos para la compra de medicamentos de las fuerzas militares del país, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación.
Al evaluar los pliegos de la licitación la Procuraduría evidenció que se abre la puerta al pago de medicamentos por encima de los precios máximos de venta regulados, originando posiblemente sobrecostos que se financiarían con recursos públicos de la seguridad social en salud.
El órgano de control le recomendó a la Dirección General de Sanidad Militar revocar el proceso licitatorio para la adquisición, suministro y dispensación de medicamentos por presuntos incumplimientos de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, que estarían limitando la libre concurrencia de oferentes.
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El Ministerio Público cuestionó que en la licitación se hayan puesto condiciones de habilitación y calificación que no fueron debidamente sustentadas en los estudios previos, así como el pago de facturas sin auditoría médica, para generar “liquidez” al contratista.
En ese sentido, la Procuraduría advirtió que las autoridades administrativas no pueden restringir la posibilidad de recibir varias ofertas con mejores precios, que cumplan con los fines del Estado.
A juicio de la entidad, las falencias del proceso de contratación podrían afectar la estabilidad financiera del contrato y poner en riesgo el suministro de medicamentos a la población beneficiaria de los servicios médicos de la sanidad militar.
