El panorama político e institucional en el departamento de Santander experimenta un sorpresivo movimiento de fichas. Eduard Jesús Sánchez Ariza, quien se consolidó como uno de los funcionarios de mayor confianza dentro del gabinete del gobernador Juvenal Díaz Mateus, presentó de manera oficial su renuncia irrevocable al cargo de director de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD).
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Un balance marcado por la gestión preventiva
A lo largo de su paso por la dirección de la entidad, Sánchez Ariza lideró la respuesta gubernamental ante múltiples temporadas de sequía, desabastecimiento de agua e incendios forestales de gran magnitud que golpearon al departamento. Su gestión técnica estuvo fuertemente enfocada en el fortalecimiento institucional de los municipios. Precisamente, pocas horas antes de confirmarse su salida, el funcionario concluyó una gira técnica para dotar e implementar herramientas operativas de emergencias a 11 localidades de las provincias de García Rovira y Soto Norte.
El perfil de Sánchez, caracterizado por su formación técnica —es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Procesal Penal, Derecho Administrativo y cuenta con maestría en Administración Pública—, le permitió posicionarse como un funcionario polivalente para el gobierno departamental. Además de sus dos periodos previos como alcalde de Jesús María (2012-2015 y 2020-2023), durante la actual administración regional llegó a asumir como alcalde encargado de Bucaramanga y como gobernador encargado en momentos de coyuntura política.
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Las causas de la denuncia: el calendario de inhabilidades y la mirada en la Gobernación
Detrás de la renuncia de Eduard Sánchez no se vislumbran rupturas internas con el gobernador ni cuestionamientos de índole administrativa. Por el contrario, fuentes cercanas a la política regional y analistas coinciden en que se trata de un movimiento estratégico con miras a las elecciones regionales de octubre de 2027.
De acuerdo con el ordenamiento jurídico colombiano, los servidores públicos que pretendan postular su nombre a cargos de elección popular de nivel ejecutivo (como alcaldías o gobernaciones) deben apartarse de sus funciones con suficiente antelación para no quedar inhabilitados ante el Consejo de Estado. El plazo legal estricto corre hasta finales del mes de octubre. Su renuncia lo habilita para participar en una posible contienda electoral.
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En los pasillos de la Gobernación y círculos políticos santandereanos resonaba con fuerza el rumor de una futura postulación de Sánchez. Al oficializar su salida del cargo, el exdirector de Gestión del Riesgo despeja su agenda pública e inicia formalmente la carrera por la conformación de un proyecto político independiente que buscará suceder a Juvenal Díaz en el palacio amarillo en la contienda de 2027.
Con esta renuncia —que coincide temporalmente con otros movimientos burocráticos de peso en el departamento—, Santander da el banderazo oficial a las tempranas pero decisivas alianzas que reconfigurarán el poder del departamento.
