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Un documento denominado ‘Libro de la verdad’, que reúne 80 presuntos casos de corrupción detectados durante el gobierno de Gustavo Petro, fue entregado a la Fiscalía General de la Nación para su respectiva investigación.
Un informe con más de 1.000 voluntarios
El dosier es resultado del Empalme Anticorrupción, un proceso en el que participaron 1.256 voluntarios y que, según el Gobierno, permitió identificar presuntas irregularidades en diferentes sectores de la administración anterior.
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Entre los hallazgos señalados aparecen información incompleta, cifras presuntamente alteradas, recursos sin ejecutar y posibles riesgos de direccionamiento de contratos. También se advierte sobre la incidencia de grupos criminales y la falta de coordinación entre algunas entidades.
El vicepresidente José Manuel Restrepo aseguró que en 12 sectores encontraron recursos que no habrían sido ejecutados de manera adecuada, además de presupuestos incumplidos y proyectos que no llegaron a las comunidades.
UNGRD y contratos bajo la lupa
Uno de los casos mencionados corresponde a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). De acuerdo con las denuncias presentadas, se habrían destinado recursos por cientos de miles de millones de pesos y se habría perdido el rastro de una suma superior al billón de pesos.
El Gobierno también señaló la existencia de una amplia nómina de contratos de prestación de servicios que, según sus declaraciones, habría generado un millonario impacto en las finanzas públicas.
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Fiscalía abre investigación
Tras recibir el informe, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció la creación de un grupo especial de fiscales y delegados para revisar las denuncias.
La Fiscalía indicó que la información será sometida a una evaluación técnica y jurídica, bajo criterios de rigor probatorio, objetividad e independencia.
Por ahora, los hechos señalados corresponden a presuntas irregularidades y deberán ser investigados por las autoridades para determinar si existieron delitos, responsabilidades individuales y posibles daños a los recursos públicos.
