El Consejo de Estado ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar públicamente las afirmaciones que hizo contra Joseba Grajales, directivo del grupo Keralty, durante una alocución presidencial el pasado 15 de julio de 2025.

Según el fallo, las expresiones en las que el mandatario calificó a Grajales como “criminal” y lo vinculó con un supuesto “crimen” por la financiación de campañas políticas carecieron de sustento probatorio y afectaron el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia del empresario. Por ello, el alto tribunal amparó los derechos fundamentales del directivo y le ordenó al presidente realizar una rectificación pública.

A diferencia de otras ocasiones en las que Petro se ha retractado a través de sus redes sociales —como en los casos de los Vargas Lleras o el presidente de la Andi, Bruce MacMaster—, esta vez la rectificación deberá hacerse en la próxima alocución presidencial, según indica la decisión del Consejo de Estado: “Retractarse de las acusaciones contra el solicitante referidas a las expresiones ‘crimen’ y ‘criminal’, por la supuesta financiación de campañas políticas. La anterior rectificación deberá realizarse, una vez notificada la presente decisión, en la inmediata y siguiente alocución presidencial”.

El alto tribunal recordó que el presidente, al transmitir información desde un espacio oficial, tiene un deber reforzado de veracidad y diligencia y no puede formular imputaciones que lesionen derechos fundamentales sin respaldo fáctico razonable.