El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2477 de 2025, una reforma estructural al sistema penal colombiano que promete revolucionar la administración de justicia en el país. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Justicia en coordinación con la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, fue aprobada con amplio consenso político e institucional.
Según el Gobierno, la reforma permitirá reducir los tiempos de resolución de procesos penales de más de diez años a un rango de uno a doce meses, lo que representa un avance significativo frente a la actual congestión del sistema judicial. El Ministerio de Justicia destacó que esta transformación busca hacer la justicia más ágil, efectiva y centrada en las víctimas.
Cambios clave de la reforma
La nueva legislación introduce ajustes sustanciales a tres normas fundamentales: el Código Penal (Ley 599 de 2000), el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) y la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 1121 de 2006). Estos son los principales cambios:
- Justicia centrada en las víctimas: se prioriza la reparación integral y se fortalece su participación durante el proceso penal.
- Fortalecimiento del principio de oportunidad: los fiscales podrán aplicar esta figura con mayor autonomía, permitiendo concentrar esfuerzos en los delitos más graves.
- Beneficios por aceptación de cargos: se impulsan sentencias anticipadas y acuerdos restaurativos para agilizar los procesos.
- Uso de pruebas anticipadas: facilitará la obtención de evidencias de forma oportuna y evitará dilaciones innecesarias.
Uno de los objetivos centrales es reducir drásticamente los casos que prescriben por demoras en los procesos judiciales, mejorando así la eficiencia del sistema y garantizando mayor acceso a la justicia.
Artículo polémico fue retirado
Durante el debate legislativo, el artículo 7 del proyecto original generó una fuerte controversia. Este proponía beneficios judiciales para personas que aceptaran su responsabilidad en delitos cometidos contra menores de edad. Sin embargo, fue retirado del texto final tras la presión de diversos sectores sociales y políticos que lo consideraron inaceptable.
