La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta se convirtió en una de las figuras más mencionadas del escenario político nacional luego de firmar el auto que ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro en medio de una investigación por presunta participación en política.
La decisión fue radicada el 10 de junio de 2026 y establece que el mandatario permanecería suspendido hasta las 4:00 de la tarde del 21 de junio, fecha en la que se realizará la segunda vuelta presidencial. El documento argumenta que Petro habría realizado pronunciamientos relacionados con la contienda electoral, situación que, según la investigación, podría constituir una infracción a las normas que regulan la participación política de los servidores públicos.
La decisión que desató la controversia
En el auto firmado por Arizabaleta se mencionan al menos 22 publicaciones atribuidas al presidente Gustavo Petro, las cuales estarían relacionadas con el proceso electoral que actualmente vive el país.
La representante sostiene que varios de esos mensajes hacen referencia directa a candidatos, campañas y a la segunda vuelta presidencial, razón por la cual consideró procedente adoptar una medida cautelar mientras avanza la investigación disciplinaria.
La decisión generó una inmediata controversia jurídica y política, ya que diversos sectores han cuestionado si una funcionaria instructora de la Comisión de Acusación tiene competencia para ordenar una suspensión de esta naturaleza contra el jefe de Estado.
Una abogada con trayectoria en derecho penal y derechos humanos
Gloria Arizabaleta nació el 24 de mayo de 1968 en Cali, Valle del Cauca. Es abogada egresada de la Universidad de San Buenaventura y cuenta con especializaciones en Derecho Penal, además de estudios de maestría en Derecho y Derechos Humanos.
Su formación académica incluye estudios en Derecho Internacional de los Derechos Humanos realizados en la Universidad Sergio Arboleda y en la Universidad Alfonso X El Sabio, en España.
A lo largo de su carrera profesional ha trabajado principalmente en áreas relacionadas con la administración de justicia, los derechos humanos y la atención a víctimas del conflicto armado.
Su paso por la Procuraduría y la Fiscalía
Antes de llegar al Congreso, Arizabaleta ocupó importantes cargos en entidades del Estado. En 2010 se desempeñó como procuradora delegada para procesos de restitución de tierras, participando en iniciativas relacionadas con el retorno de comunidades desplazadas a sus territorios.
Posteriormente, entre 2014 y 2021, trabajó en la Fiscalía General de la Nación como fiscal delegada ante Tribunal de Distrito y directora nacional de Investigación y Análisis de Seguridad. Durante ese periodo lideró procesos enfocados en la protección de víctimas y el análisis de fenómenos relacionados con el conflicto armado.
Su llegada al Congreso y liderazgo en la Comisión de Acusación
En las elecciones legislativas de 2022 llegó a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca con el aval de la Alianza Democrática Amplia (ADA), colectividad que integraba la coalición del Pacto Histórico.
Tres años después, en 2025, fue elegida presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación para el periodo 2025-2026 con el respaldo de 15 congresistas. Paralelamente, también hace parte de la Comisión Cuarta de la Cámara, encargada de asuntos presupuestales y económicos.
Su relación política con Roy Barreras
Arizabaleta también fue una de las fundadoras del partido La Fuerza de la Paz, movimiento político impulsado por Roy Barreras, de quien fue esposa.
Sin embargo, antes de las elecciones regionales de 2023 manifestó públicamente su intención de desvincularse de las estructuras políticas asociadas a su exesposo, argumentando la necesidad de mantener independencia en su actividad legislativa.
Las investigaciones que enfrenta el presidente Petro
La actuación de Gloria Arizabaleta se produce en medio de un amplio número de investigaciones que cursan contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Investigación y Acusación.
Según cifras conocidas hasta el 5 de junio de 2026, el mandatario acumula 290 procesos radicados ante esa instancia. De ellos, cerca de 60 están relacionados con presunta participación en política, principalmente por publicaciones realizadas en redes sociales durante distintos procesos electorales.
Otros expedientes están vinculados con la financiación de la campaña presidencial de 2022 y posibles irregularidades relacionadas con topes electorales y recursos no reportados.
Mientras continúa el debate sobre la validez y alcance de la medida adoptada por Gloria Arizabaleta, la atención del país permanece centrada en las decisiones que adopten la Comisión de Acusación y las demás instancias competentes frente al proceso que involucra al presidente de la República.
