El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo de Santander con el propósito de fortalecer la protección jurídica del páramo de Santurbán, recientemente declarado sujeto de derechos. La medida busca asegurar que las órdenes judiciales sean claras, viables y efectivas, y que se armonicen con los instrumentos de planificación territorial y las normas ambientales vigentes.

La decisión se enmarca en el compromiso del Gobierno del Cambio de salvaguardar este ecosistema estratégico, vital para la seguridad hídrica de millones de colombianos.

Una apelación técnica, no confrontacional

Según el Ministerio, el recurso no constituye una oposición al fallo, sino una herramienta para precisar y ajustar las órdenes judiciales a las metodologías ya establecidas en el país. “Santurbán tiene voz propia desde hoy. Es un símbolo del agua, la vida y la dignidad ambiental. Como Ministerio, asumimos el deber de cuidarlo con la fuerza de la ley y el compromiso político con el territorio”, afirmó la ministra (e) de Ambiente, Irene Vélez Torres.

El documento de apelación se sustenta en jurisprudencia de la Corte Constitucional y en instrumentos técnicos como los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCA) y la Zona de Reserva de Recursos Naturales de carácter temporal declarada en 2025.

Puntos clave del recurso

El Ministerio destacó algunos de los aspectos más relevantes incluidos en la apelación:

• Reconocimiento de Santurbán como sujeto de derechos, con medidas orientadas a su protección, conservación y restauración.
• Claridad en la representación legal, acotada al páramo, sin extenderse a categorías no previstas en la normativa ambiental, como las zonas de amortiguación.
• Armonización con instrumentos vigentes, evitando la creación de figuras no reguladas.
• Respeto a la Ley 1930 de 2018 en materia de prohibiciones dentro de los páramos.
• Licenciamiento ambiental: se aclara que no se suspenden licencias existentes y se propone vincular a entidades como la ANM y la ANH.
• Plazos realistas y participación ciudadana, en concordancia con la Sentencia T-361 de 2017 sobre delimitación del páramo.
• Coordinación contra la minería ilegal con entidades competentes, más allá del sector ambiental.
• Respeto al régimen de competencias, reconociendo la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales.