La crisis del sistema de salud en Colombia se profundiza y ha encendido todas las alarmas. Así lo señaló el movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a más de 200 organizaciones en todo el país, tras conocerse el más reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR). El documento revela cifras preocupantes que, según el colectivo, validan plenamente las denuncias que vienen haciendo desde hace casi tres años.
“El informe de la Contraloría confirma nuestras advertencias: el sistema de salud está colapsando. Las barreras de acceso son cada vez más graves y millones de colombianos están viendo vulnerado su derecho fundamental a la salud”, afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.
Según la CGR, la deuda del sector salud alcanzó los 32,9 billones de pesos, de los cuales 24,4 billones corresponden a EPS intervenidas. A esto se suma un alarmante incremento en las peticiones, quejas y reclamos (PQR) por parte de los usuarios: en 2024 crecieron un 13 %, y más del 90 % de ellas estuvieron relacionadas con obstáculos para acceder a tecnologías y servicios médicos.
Entre las principales causas reportadas están:
- Denegación oportuna de citas médicas.
- Retrasos en autorizaciones.
- Fallas persistentes en la entrega de medicamentos.
Silva también se refirió a la responsabilidad del Gobierno Nacional y de la Superintendencia de Salud (SNS), entidades a las que señaló como corresponsables del deterioro del sistema, en especial por la forma como han manejado las EPS intervenidas.
“El informe demuestra que las medidas de intervención no solo han sido ineficaces, sino que han agravado la inestabilidad del sistema. De 29 EPS analizadas, solo seis cumplían con requisitos financieros al cierre de 2024, y cubren apenas al 10,9 % de la población. El resto de los colombianos está en manos de entidades inviables”, añadió Silva.
Frente a este panorama, el movimiento hizo un enérgico llamado al Ministerio de Salud para que cumpla sin restricciones las decisiones judiciales, especialmente las emitidas por la Corte Constitucional, y garantice la protección real del derecho a la salud.
Finalmente, Pacientes Colombia solicitó a la Contraloría y a la Fiscalía General de la Nación que investiguen la presunta responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud en la actual crisis. “La administración de muchas EPS hoy está en manos del Superintendente, y es hora de que se asuman responsabilidades”, concluyó Silva.
