Un entramado que prometía rentabilidades astronómicas a través de la criptomoneda, presentaciones glamurosas y asesoría de “expertos financieros” terminó derrumbándose y dejando a miles de personas con pérdidas millonarias. Se trata del caso de PlusToken, una plataforma de inversión que operó entre 2018 y 2019, y que hoy es considerado uno de los fraudes más grandes de la historia de las criptomonedas.

Según el análisis realizado por BBC News Mundo, esta estafa captó la atención especialmente de usuarios en Latinoamérica, quienes fueron seducidos por la promesa de “ganancias fáciles” y la idea de que la revolución financiera digital les ofrecía una salida rápida a la precariedad económica.

Cómo operaba
La mecánica era sencilla: los inversores depositaban criptomonedas (como Bitcoin o Ethereum) en la plataforma PlusToken, que prometía rendimientos de entre el 10 % y el 30 % mensual. Para generar confianza, se difundían testimonios “de usuarios felices”, eventos publicitarios gratuitos, viajes y autos de lujo. Sin embargo, según los investigadores, la plataforma funcionaba básicamente como un esquema Ponzi: los ingresos de nuevos usuarios se usaban para pagar a los anteriores, hasta que el mecanismo colapsó.

El impacto en América Latina
El caso no se limitó a Asia (donde surgió originalmente), sino que tuvo un efecto significativo en países latinoamericanos. Numerosas personas de Colombia, Perú, Ecuador y otros países ingresaron fondos ante la promesa de cambiar su vida financiera. Con la caída de la plataforma, muchos se quedaron sin recuperar su inversión, y enfrentan además incertidumbre sobre el acceso a la justicia debido a la complejidad internacional de los delitos.

El operativo que desmanteló la red

Durante la mañana del martes, las autoridades ejecutaron una operación de gran escala para capturar a los líderes del fraude. Los delincuentes intentaron resistirse: usaron drones para lanzar explosivos y atacaron a los policías, mientras otros intentaban huir en fila por zonas rurales o levantaban barricadas con vehículos incendiados.

La Policía Militar desplegó a todos sus efectivos en las calles y suspendió las actividades administrativas para contener la situación.
El gobernador Cláudio Castro destacó que el uso de “tecnología, estrategia e inteligencia” fue clave para el éxito del operativo, aunque lamentó la falta de apoyo del gobierno federal:

“Nuestras policías están solas. Una vez más no recibimos ayuda ni de blindados ni de fuerzas federales. Es Río de Janeiro completamente solo”, declaró.

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El operativo de este martes fue catalogado como el más letal en la región metropolitana de Río de Janeiro desde 1990, según el Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense.
El informe del grupo señala que los tres operativos policiales más mortales en la historia reciente de Río ocurrieron bajo la gestión de Castro: el de este martes, otro en mayo de 2021 (con 27 civiles y un policía muertos) y uno más en mayo de 2022 (con 23 fallecidos).

De enero de 2007 a octubre de 2025, el mismo grupo ha documentado 707 acciones policiales con saldo fatal en el área metropolitana: 2.905 civiles y 31 policías perdieron la vida en esos operativos.

Lecciones para los ahorristas
El caso PlusToken deja al menos tres enseñanzas clave:

• Las promesas de rendimientos extraordinarios sin soporte real deben generar alerta.
• Las plataformas financieras digitales, incluso si parecen profesionales, pueden operar fuera de regulaciones estrictas o en jurisdicciones oscuras.
• Incluso en criptoactivos, donde el potencial de ganancia existe, la educación financiera es crucial para no caer en esquemas de alto riesgo o fraudulentos.

¿Qué viene ahora?
Las autoridades de varios países están intentando rastrear los fondos, identificar a los responsables y establecer mecanismos de compensación para las víctimas. Sin embargo, el proceso es lento debido a la transnacionalidad del fraude y al anonimato que la tecnología blockchain puede aportar.

En un contexto donde las criptomonedas ganan visibilidad y aceptación, casos como este ponen en evidencia la necesidad de marcos regulatorios más sólidos, mayor supervisión digital y, sobre todo, usuarios informados que no asuman riesgos desmedidos.