Según Inés Andrea Aguilar, Secretaria de Educación Departamental, resulta absurdo, ilógico e inadmisible que la firma portuguesa haya solicitado un resarcimiento económico por los daños y perjuicios causados tras la decisión unilateral del ministerio de liquidar el contrato por el incumplimiento y las reiteradas negaciones de cederlo.
“Como dice el adagio popular. No pues ahora tras de Ladrón bufón” manifestó la funcionaria.
Y es que esta situación afecta directamente a la comunidad educativa de la prestigiosa institución educativa Elena Santos Rosillo del municipio de Charalá.
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La secretaria afirmó que “No le cumplieron a los niños de Charalá. Porque esa es una institución que tenemos en Charalá. Aparte es una institución insignia, una institución de las mejor calificadas en las pruebas ICFES”.
