El Congreso avaló esta posibilidad en el Presupuesto General de la Nación aprobado este jueves.
En el marco del Presupuesto General de la Nación para 2020, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron un artículo que de inmediato levantó ampolla, por las consecuencias que esto podría tener en la sostenibilidad de las universidades.
Se trata del artículo 44 del texto de presupuesto que permite que las universidades estatales paguen con recursos asignados para educación las “sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación”.
En este momento Duque está metiendo un Orangután a la ley de presupuesto.
Le quita la plata a las universidades para pagar todas las demandas contra el Estado. #DuqueRespeteLasUniversidades pic.twitter.com/rdR11YLIER— ACREES (@ACREESCOL) October 17, 2019
“Este artículo hace referencia a los pagos que deben hacer o los contribuyentes o las universidades por cuestiones de sentencias”, explicó el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla., quien agregó que “este artículo ha venido en las diferentes leyes de presupuesto, es algo que hace parte de una larga tradición”.
Básicamente, lo que busca este apartado, según Carrasquilla, es que “las universidades sujetas a demandas se protejan mejor de dichas demandas”.
El artículo causó todo un revuelo político en la Plenaria de la Cámara, tanto que inicialmente la corporación había hundido este apartado, al considerar que “se está atentando contra las universidades”.
Sin embargo, debido a que el Senado de la República, por su lado, ya había aprobado este artículo en el texto del presupuesto y levantó sesión, obligó a que la Cámara tuviera que reabrir la discusión de este apartado para aprobarlo.
De no haberlo hecho de esta manera, el Presupuesto General de la Nación se hubiese hundido, pues si se aprobaban textos diferentes en ambas corporaciones obligaban a hacer una conciliación, para lo cual no alcanzaba el tiempo debido a que el Senado citó sesión nuevamente para el 29 de octubre, y el presupuesto debía estar aprobado en su totalidad antes del 20 de octubre.
La aprobación de este artículo generó la reacción inmediata de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior, que calificó esto como “un orangután”.
Ante el malestar generado, el ministro de Hacienda anunció que el Gobierno objetará el artículo para que pueda ser revisado nuevamente por el Congreso.
